La querella de la causa contra Marcelo D'Agostino denunció serias irregularidades en la investigación por violencia de género.
Nueva polémica en la causa contra Marcelo D'Agostino.
La querella de la causa por violencia de género contra Marcelo D'Agostino presentó una grave denuncia en la que cuestiona la imparcialidad de la investigación y apunta directamente contra el fiscal jefe Alejandro Iturbide, asegurando que el funcionario mantiene desde hace 15 años un vínculo laboral con el abogado defensor, Daniel Sosa Arditi, dentro de la Universidad Nacional de Cuyo.
La presentación sostiene que ambos integran la misma cátedra de la Facultad de Derecho y que existe una relación jerárquica entre ellos.
“Dentro de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, el fiscal que debe investigar al imputado es el subordinado del abogado que lo defiende”, afirma la querella en un duro planteo elevado ante el fiscal adjunto en lo Penal.
Para los representantes de la denunciante, esta situación explicaría una serie de decisiones procesales que, según sostienen, favorecieron sistemáticamente a Marcelo D'Agostino y perjudicaron a la mujer que lo denunció por hechos de violencia de género, entre ellos amenazas, coacciones y abuso sexual.
De acuerdo con la documentación aportada, Daniel Sosa Arditi se desempeña como profesor adjunto en una cátedra de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, mientras que Alejandro Iturbide ocupa el cargo de jefe de trabajos prácticos. La querella señala que ambos comparten actividades académicas desde 2010, participan en la planificación de la materia y suscriben conjuntamente actas de examen.
El escrito remarca que Iturbide nunca informó este vínculo ni se apartó de la investigación. Además, compara la situación con otros antecedentes dentro del Ministerio Público, donde funcionarios se inhibieron por relaciones considerablemente más lejanas con personas involucradas en expedientes judiciales.
La ampliación de denuncia también enumera una serie de presuntas irregularidades en la instrucción. Entre ellas, menciona la falta de allanamientos, la ausencia de secuestro y peritaje integral de teléfonos del imputado, el rechazo a investigar comunicaciones vinculadas a los hechos denunciados y la falta de impulso respecto de la acusación más grave, referida a abuso sexual.
Por otra parte, la querella sostiene que la investigación se enfocó en la denunciante, con medidas orientadas a reconstruir aspectos de su vida privada y evaluar su credibilidad.
También solicitó que se investigue el uso de un correo institucional del Poder Judicial en actividades académicas compartidas entre Iturbide y Sosa Arditi.
Finalmente, pidió el apartamiento de los fiscales intervinientes, la revisión de las medidas adoptadas y que la causa vuelva a tramitarse con perspectiva de género, conforme a la legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
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