La justicia dictó, tal vez por primera vez en la investigación, una resolución a favor de Janina Ortiz, la diputada de La Unión Mendocina que es investigada por coacciones y fraude a la administración pública.
20 de abril de 2026
Una jueza aceptó la nulidad de la citación a imputación y por ahora Janina Ortiz no será acusada de fraude al estado.
Janina Ortiz recibió una buena noticia y por ahora no será imputada por fraude al estado.
Foto: Yemel FilLa justicia dictó, tal vez por primera vez en la investigación, una resolución a favor de Janina Ortiz, la diputada de La Unión Mendocina que es investigada por coacciones y fraude a la administración pública.
La jueza Dolores Ramón dio lugar al pedido de nulidad planteado por la defensa sobre la citación de la fiscalía para imputar a la acusada y de esta forma, por ahora, Janina Ortiz no será acusada por el segundo de los delitos mencionados.
La magistrada entendió que el fiscal no está en condiciones de oficializar la imputación debido a que la causa se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia por un planteo de la defensa.
Por ende, hasta que no se expida el máximo tribunal, no habrá imputación. De esta forma, el expediente podría quedar stand by durante un largo período y más teniendo en cuenta la feria judicial que se aproxima.
La diputada de La Unión Mendocina, actualmente suspendida y sin fueros, enfrenta dos causas: coacciones y fraude a la administración pública.
En ambas, la defensa planteó recursos ante la Corte. Por la primera acusación, el máximo tribunal se expidió y rechazó el requerimiento de la defensa. Esto provocó que la fiscalía oficializara la imputación contra Ortiz el 19 de junio pasado.
Ahora bien, con esa resolución de la corte, el fiscal Juan Ticheli entendió que podía imputar a Janina Ortiz en la causa por fraude, pero la defensa pidió la nulidad de la citación al entender que la Corte no definía aún el planteo de esa causa puntual.
"En esta causa interviene otro tribunal. Son planteos jurídicos distintos y tribunales diferentes que deben resolver", explicó la abogada defensora, María Elena Quintero.
Lo cierto es que este miércoles las partes expusieron sus alegatos en una audiencia y hoy la jueza Dolores Ramón le dio la razón a la defensa (ahora la fiscalía tiene tres días para apelar).
Así las cosas, el expediente que investiga el destino de $35 millones que eran para la cooperativo Manos a la Obra quedará en espera hasta que el máximo tribunal se expida.