En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto mediante el cual Mendoza adhiere al acta paritaria 60/2021 Nacional Docente, la cual estableció el ítem conectividad para trabajadores/as de la educación de todo el país. La iniciativa -que contó con el apoyo de todas las fuerzas legislativas- pasó al Senado para su sanción final.
De este modo, de avanzar favorablemente en la Cámara Alta, el beneficio salarial será liquidado por el Gobierno provincial conforme los fondos girados por la Nación, bajo ese concepto.
Sin embargo, la norma no es más que un hecho simbólico de parte de la Legislatura, ya que lo convenido en la paritaria nacional docente tiene fuerza de ley del Congreso, por lo cual debe ser cumplido por cada jurisdicción. Por ejemplo, en noviembre de 2020 el Ministerio de Educación de la Nación y las centrales obreras acordaron un salario mínimo de $27.500, entonces ningún docente del país puede percibir un sueldo inferior a esa cifra.
El despacho aprobado hoy se desprende de un proyecto de ley de Jorge Difonso (UP/FR) que fue tratado durante meses en la comisión de LAC, y que continuará siendo evaluado, ya que su contenido es mucho más extenso del texto con sólo dos artículos que obtuvo la media sanción en Diputados.
Entre otras cuestiones, la propuesta original del legislador establecía -además de la compensación económica por los gastos derivados de la conectividad por la educación a distancia- que la DGE proporcione los elementos tecnológicos a las y los docentes, brinde capacitaciones, y garantice los derechos a la intimidad, a la desconexión digital y la protección de la información laboral, etc.
Tales regulaciones serían incluidas en una posible discusión respecto a la regulación del teletrabajo en todos los sectores estatales de Mendoza, no sólo el educativo, como fue debatido en el parlamento nacional.
En ese sentido, en ambas cámaras legislativas se han presentado proyectos más generales sobre la reglamentación de la modalidad que se expandió significativamente desde la llegada de la pandemia, ante la necesidad de mantener el aislamiento social. Las diputadas Silvia Stocco, Laura Soto, así como la senadora Natalia Vicencio firmaron diferentes expedientes que prevén un marco regulatorio al respecto.
¿Es necesaria una ley?
En diálogo con Sitio Andino, el secretario general de la CTA de los Trabajadores Mendoza, Gustavo Correa, explicó que "no hace falta que la Legislatura adhiera a lo acordado en paritaria nacional, porque es aplicable en todo el país".
El gremialista redobló la apuesta y pidió al diputado Difonso que "en vez de presentar este sinsentido, proponga un ítem adicional que pague el gobierno provincial y él, como miembro del partido gobernante, explique de dónde saldrán los fondos para liquidarlo". "Sería más que bienvenido", ironizó el también docente de nivel primario.
Un poco de historia
La paritaria nacional docente se creó a través de la Ley 26.075 de "Financiamiento Educativo", sancionada en 2005 y promulgada en enero de 2006. En abril de 2007, el decreto presidencial 457 reglamentó ese ámbito de negociación y estableció claramente las pautas.
Entre otras cosas, el dictamen refiere que el convenio marco "comprenderá todas las cuestiones laborales generales que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes (...), tanto las de contenido salarial como las demás condiciones de trabajo".
Asimismo, aclara que "el convenio regirá a partir del día siguiente al de su publicación y se aplicará a las relaciones jurídicas existentes entre los docentes públicos y las jurisdicciones provinciales".
En definitiva, lo acordado en el marco de la paritaria nacional es de aplicación obligatoria en la provincia, sin necesidad de adherir a través de una legislación local, como ocurrió este miércoles.