La Justicia avanza en la causa contra un abogado mendocino acusado de estafar a varias personas con supuestas inversiones por casi medio millón de dólares.
Estafas millonarias: allanamientos en el Gran Mendoza complican al abogado investigado
Foto: Gobierno de MendozaUn nuevo capítulo se suma a la causa judicial contra un abogado mendocino acusado de liderar una red de estafas por cerca de 500 mil dólares. La investigación tomó impulso tras una serie de denuncias presentadas ante la Justicia de Mendoza por personas que habrían sido captadas con promesas de inversiones y ganancias millonarias que nunca se concretaron. En este contexto, se realizaron allanamientos en oficinas y viviendas del Gran Mendoza, donde se secuestraron pruebas clave para la causa.
La División de Delitos Económicos llevó adelante siete allanamientos simultáneos en el Gran Mendoza, en el marco de una investigación por presuntas estafas que tiene como principal imputado al abogado Jorge Iván Yoma. El letrado fue recientemente imputado junto a sus socios por maniobras vinculadas a inversiones.
Los procedimientos se realizaron por orden de la Fiscalía de Instrucción N° 15 y abarcaron oficinas en Capital y domicilios en Las Heras, Maipú y Godoy Cruz. En los operativos se secuestró dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, además de cheques, documentación y diversos dispositivos electrónicos.
En total, se incautaron seis cheques, cerca de un millón de pesos y más de 50 mil dólares. También se decomisaron computadoras, notebooks, tablets, celulares, discos rígidos, un dispositivo de billetera virtual y un sistema DVR de videovigilancia, que serán sometidos a peritajes.
El caso comenzó a visibilizarse a fines de 2025, cuando los primeros damnificados detectaron irregularidades en los pagos prometidos. Sin embargo, fue durante los primeros meses de 2026 cuando la situación escaló a un grupo de víctimas, entre ellas, profesionales retirados y deportistas reconocidos, decidió formalizar denuncias tras dejar de percibir los rendimientos acordados. Desde entonces, la causa quedó en manos del fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Hernán Ríos, quien impulsó las primeras medidas.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el esquema funcionaba a partir de una estrategia de captación basada en la confianza. Las víctimas accedían a la propuesta a través de contactos cercanos, lo que reforzaba la credibilidad de la inversión.
La operatoria consistía en la entrega de importantes sumas de dinero que, según se informaba, serían destinadas a préstamos con garantías superiores al capital invertido. A cambio, se prometía una rentabilidad mensual del 2,5%, con la posibilidad de retirar ganancias o reinvertirlas.
Uno de los principales respaldos de la operatoria eran los contratos de mutuo firmados entre las partes. En esos documentos, distintas sociedades vinculadas al entorno del acusado figuraban como receptoras de los fondos y responsables de generar los rendimientos.
Con el paso del tiempo, comenzaron a detectarse inconsistencias. Según las denuncias, varias de las empresas involucradas no tendrían actividad real y habrían sido utilizadas para canalizar los fondos. Los investigadores sospechan que parte del dinero fue desviado para cubrir deudas personales, financiar operaciones informales de cambio y adquirir bienes a nombre de terceros.
Hasta el momento, la investigación acumula más de cinco expedientes y un monto denunciado que supera los 548 mil dólares. Las víctimas, en su mayoría, aseguran haber invertido ahorros de toda la vida o fondos familiares, que se habrían perdido a partir de estas maniobras.