Este miércoles se reanudará el juicio contra Luis Lobos, el ex intendente de Guaymallén y su esposa Claudia Sgró, ambos acusados de defraudación a la administración pública. La suegra del ex mandatario también deberá responder por el delito pero no está presente por problemas de salud. La nueva jornada iniciará con los testimonios de una empleada y un perito caligráfico.
Lobos afronta al tribunal que está integrado por los jueces Anibal Crivelli, Jorge del Pópolo y Marcelo Gutiérrez. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta seis años de cárcel. Al igual que su esposa y su suegra. Todos están acusados de realizar maniobras fraudulentas cobrando dinero de empleados "ñoquis" en perjuicio del Estado.
La primera que declaró fue Laura Fara, quien presentó la denuncia a principio del 2016. Esta mujer, sin saberlo, era empleada de la Comuna de Guyamallén y el dinero de su sueldo era cobrado con una tarjeta de débito por María Elena Fernández.
Con ese modus operandi, la mujer se habría alzado con casi medio millón de pesos con los sueldos de Fara y del hijo, Pablo Muller. Fara explicó ante los jueces que conocía a Lobos y que fue él quien firmó unos documentos. Sin embargo, el ex intendente, negó tal situación.
Por ese motivo, será fundamental la declaración del perito caligráfico Sergio Montano, quien había confirmado durante la investigación que algunos escritos sobre nombramientos habían sido firmados por el ex intendente. Con esto quieren demostrar las irregularidades que sucedieron cuando Fara fue anotada en los registros oficiales como empleada municipal sin que ella se de cuenta.
Evelyn Pérez, del Concejo Deliberante, también declarará y deberá responder antes las preguntas de las políticas de contrataciones y designaciones en los puestos. Según la denunciante, en el cuarto piso, donde funciona el Concejo, comenzó con los papeles y firmó un "libro grande" para recibir una "ayuda social" y luego pasó por tesorería. Finalmente, fue al Banco Nación a retirar la tarjeta de débito.
Esa tarjeta, según detalló el lunes la denunciante, se la entregó a María Elena Fernández, quien cobraba un sueldo cercano a los 2.700 pesos pero le daba solamente 500 pesos como "ayuda social". Con ese accionar, la familia Lobos se alzó con más de 400.000 pesos.
El caso fue investigado por la fiscal Susana Muscianisi, de Delitos Económicos, y ella es parte del Ministerio Público Fiscal. La acompaña el fiscal en jefe de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi.