Este jueves se reunirán los miembros del Jury de Enjuiciamiento para analizar la denuncia contra el juez de la Quinta Cámara del Trabajo, Antonio Sánchez Rey, quien sufrió un accidente y llegó a un polémico arreglo de 4,5 millones de pesos de indemnización con Provincia ART, acuerdo que no fue homologado por presentar irregularidades.
Los 21 integrantes del tribunal (7 jueces de la Suprema Corte de Justicia, 7 senadores y 7 diputados) mantendrán un encuentro desde las 9 en el cuarto piso del Palacio Judicial para definir si avanzan con el pedido de juicio político contra el magistrado.
El jury fue solicitado por la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación luego de detectar irregularidades en el acuerdo alcanzado por Sánchez Rey y la ART.
Sánchez Rey sufrió un accidente en un brazo con el portón automático de la playa de estacionamiento del Poder Judicial en mayo de 2017. Como consecuencia demandó al Estado y terminó llegando a un acuerdo de $ 4,5 millones de indemnización con Provincia ART, convenio que debían homologar sus compañeros jueces de la Quinta Cámara del Trabajo, quienes luego aseguraron que fueron presionados para homologarlo.
Posteriormente intervino la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que analizó el caso y determinó que el monto de indemnización que le correspondía era considerablemente inferior. Según explicó Gustavo Cairo, delegado en Cuyo de este organismo, los profesionales médicos constataron que existía la lesión y señalaron que le correspondía poco más de un millón de pesos de indemnización y no los $ 4,5 millones que se habían acordado.
Las irregularidades en el proceso llevaron a que tome intervención la Unidad Especial para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social del Ministerio de Producción y Trabajo que presentó una denuncia en la justicia por supuesto fraude contra el abogado e hijo del juez, Diego Sánchez Azcona, y el letrado de la ART, Miguel Ángel Grosso. Asimismo decidieron impulsar un pedido de juicio político contra Sánchez Rey.
Tras la polémica, el magistrado presentó su renuncia ante el gobernador Alfredo Cornejo, quien decidió rechazársela para que sea juzgado por el Jury de Enjuiciamiento.
Ahora el futuro del juez depende de lo que resuelvan los integrantes del tribunal, ya que podría ser destituido de su cargo y perder el beneficio de una jubilación de privilegio, como ocurrió con la ex fiscal Anabel Orozco.
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