La Provincia estableció un nuevo marco para autorizar el uso de terrenos estatales en proyectos mineros. El objetivo es ordenar los procedimientos, agilizar trámites y brindar previsibilidad a las empresas que desarrollan exploración y explotación.
Mendoza reglamenta el uso de terrenos estatales para la minería y fortalece la seguridad jurídica
El Gobierno de Mendoza reglamentó el procedimiento para la utilización de tierras fiscales provinciales vinculadas a proyectos de minería, una medida que apunta a fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones y dar mayor previsibilidad a uno de los sectores que el Ejecutivo considera estratégico para el desarrollo económico de la provincia.
La nueva normativa establece reglas claras para el otorgamiento de permisos de uso, servidumbres y otras autorizaciones sobre inmuebles estatales que resulten necesarios para el avance de iniciativas de exploración y explotación minera.
Desde la Provincia sostienen que la medida busca ordenar un aspecto clave para el desarrollo de los proyectos, especialmente en un contexto de crecimiento de la actividad minera y de la llegada de nuevas inversiones impulsadas por el cobre y otros minerales estratégicos.
La disposición fue elaborada con intervención de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Fiscalía de Estado, entre otros.
Uno de los principales objetivos de la reglamentación es reducir la incertidumbre respecto del acceso y utilización de tierras pertenecientes al Estado provincial.
Hasta ahora, muchos emprendimientos debían atravesar distintos procedimientos administrativos para obtener autorizaciones sobre terrenos fiscales, una situación que en algunos casos podía generar demoras o dificultades para avanzar en etapas de exploración.
Con el nuevo esquema, el Gobierno busca unificar criterios, establecer requisitos precisos y definir los organismos competentes para intervenir en cada caso.
La medida se enmarca dentro de la estrategia provincial orientada a generar condiciones de mayor previsibilidad para el desarrollo minero, manteniendo los controles ambientales y los mecanismos de evaluación exigidos por la legislación vigente. En Mendoza, los proyectos mineros continúan sujetos a la Ley 7722 y a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental establecidos por la normativa provincial.
La reglamentación llega en un momento de fuerte impulso de la actividad minera en la provincia. Durante los últimos años avanzaron distintos proyectos de exploración y explotación, entre ellos PSJ Cobre Mendocino, Hierro Indio, Cerro Amarillo y los desarrollos incluidos en los distritos mineros impulsados por el Gobierno provincial.
En ese escenario, la disponibilidad y el acceso a tierras fiscales se transforman en un elemento central para la ejecución de obras de infraestructura, caminos, campamentos y otras instalaciones necesarias para las operaciones.
Según explicó el Ejecutivo, la nueva regulación busca otorgar mayor transparencia y seguridad tanto para el Estado como para las empresas interesadas en desarrollar proyectos dentro del territorio provincial.
La normativa establece pautas para la gestión de inmuebles estatales vinculados a la actividad minera y determina los mecanismos mediante los cuales podrán solicitarse autorizaciones de uso.
Además, fija criterios para la intervención de los organismos provinciales involucrados y procura evitar superposiciones administrativas que puedan afectar los plazos de tramitación.
Desde el Gobierno consideran que la medida representa una herramienta para acompañar el crecimiento de la minería en Mendoza, brindando reglas más claras para los inversores sin modificar las exigencias ambientales ni los controles previstos por la legislación vigente.
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