La adjudicación a empresas chinas en Vicuña reavivó críticas al RIGI y abrió un debate sobre empleo local, proveedores argentinos y desarrollo de la minería.
El montaje de un nuevo campamento en Vicuña desató una polemica en la minería
Uno de los proyectos más importantes de cobre de la minería argentina, Vicuña en San Juan, acaba de completar la licitación de una obra determinante para su operación en la alta cordillera: la segunda etapa del campamento permanente, emplazado a más de 4.500 metros de altura y con capacidad para 2.000 nuevas camas.
El contrato, instrumentado bajo la modalidad EPC (ingeniería, compra y construcción en un solo paquete), fue adjudicado a un consorcio integrado por la multinacional china PowerChina, la fabricante Beijing Chengdong y la empresa santafesina RAFA S.A. que en la práctica funciona como una simple importadora.
El anuncio no fue recibido como un hito de inversión sino como una cachetada, en palabras del sector. La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) emitió un comunicado de repudio horas después de conocida la adjudicación, advirtiendo que la cadena de valor nacional está en condiciones técnicas y financieras de encarar ese tipo de desafíos. El eje del cuestionamiento: importar construcciones modulares ensambladas íntegramente en el exterior (hasta el último tornillo, según la descripción que circuló entre las cámaras) impide cualquier agregado de valor local y erosiona el propósito declarado del desarrollo de la minería en el país.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bandera del gobierno de Javier Milei para atraer capital externo a sectores estratégicos, es la norma bajo la cual opera el proyecto Vicuña. Para los proveedores mineros, el régimen solo tiene sentido si los recursos de las inversiones efectivamente circulan por la economía argentina. Sin esa condición, advierten, se reproduce el esquema extractivo clásico: las riquezas del subsuelo se explotan, los contratos se firman en el exterior y las comunidades locales permanecen al margen.
La polémica no es nueva, ya el año pasado Sitio Andino contó como el CEO de Vicuña rechazaba la idea de una ley que imponga cupos obligatorios de proveedores locales, argumentando que sería contraproducente y podría perjudicar la reputación y competitividad de la provincia ante inversores internacionales.
La crítica sindical apunta en la misma dirección. Iván Malla, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en San Juan, señaló que la conducción nacional del gremio ya había alertado sobre este riesgo durante el debate parlamentario del RIGI. Su argumento es estructural: resulta prácticamente imposible para una empresa argentina competir en licitaciones frente a firmas chinas o incluso regionales, dado el déficit de competitividad sistémica que arrastra el país (infraestructura insuficiente, presión tributaria elevada y costos financieros en dólares).
Cámaras del interior como CAPRESMI, con sede en Iglesia, San Juan, proponen otra respuesta: legislación provincial de desarrollo productivo que establezca prioridad real para las pymes de las comunidades locales. La iniciativa apunta a convertir al Estado en árbitro que condicione el acceso a los beneficios fiscales al retorno directo a la zona de influencia. Sin embargo, el propio Malla admite la limitación jurídica: una ley provincial difícilmente puede bloquear la amplísima apertura a la competencia global que el RIGI habilita por diseño.
El sociólogo Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata, exfuncionario del Ministerio de Producción y defensor permanente del desarrollo de la minería en la Argentina, fue claro: “Costó muchísimo que en Argentina haya aprobación social para la minería. Este tipo de cosas es todo lo que está mal y nos vuelve más parecido a un país africano que a uno desarrollado. La minería no puede ser una mera actividad de enclave. Tiene que ser un verdadero motor del desarrollo productivo del país”.
La polémica desatada también tiene un costado geopolítico y de comparación con lo que sucede en el mundo. Mientras Argentina avanza hacia una desregulación acelerada, las potencias industriales profundizan sus políticas de protección y relocalización productiva. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos confirma que el nivel de subsidios industriales a escala global alcanzó picos históricos en la última década.
Durante 2024, el volumen global de subsidios industriales llegó a 108.000 millones de dólares, con China aportando el 52% de ese total. Según la OCDE, esa inyección de capital subsidiado explica el 60% de las ganancias en los principales sectores industriales del mundo. Las empresas chinas no compiten en igualdad de condiciones: compiten respaldadas por el Estado.
El contraste con la política argentina es llamativo. El mundo transita hacia aranceles más altos y un repliegue proteccionista (tendencia que comenzó durante la primera presidencia de Donald Trump y que hoy se profundiza) mientras Argentina va en sentido inverso. El problema se agrava porque esta liberalización ocurre en un contexto de inflación en dólares, tipo de cambio como ancla y productividad sistémica deprimida. El resultado ya es visible: durante el último año, la participación china en las importaciones argentinas creció un 60%, alterando la composición de la oferta doméstica de bienes.
Más allá del impacto en la balanza comercial, hay un activo que la industria minera argentina tardó años en construir y que este tipo de decisiones puede erosionar con rapidez: la llamada licencia social. Si las comunidades perciben que los grandes proyectos no generan empleo local, no dinamizan a los proveedores de la zona y no dejan derrame económico tangible, el consenso público que sostiene la actividad se debilita.
FAPROMIN fue explícita al respecto: la paciencia social pende de un hilo frente a decisiones corporativas que no dejan retorno en el territorio. Para provincias como San Juan, donde la minería tiene una presencia estructural en la economía regional, la prioridad en la contratación de mano de obra e insumos locales ha sido históricamente la base del equilibrio social.
El secretario de AOMA sanjuanino fue más lejos: si no se constituye una mesa de diálogo que incluya al gobierno, las empresas, los trabajadores y las cámaras empresarias, las provincias cordilleranas perderán la oportunidad que la transición energética global pone sobre la mesa. El riesgo concreto es que, en la llamada nueva era del cobre, los habitantes y empresarios locales terminen como espectadores de un modelo extractivo que no asimila tecnología ni dinamiza el tejido productivo territorial.
El caso Vicuña ilustra con nitidez una tensión de fondo en el diseño económico del gobierno. Apostar al desarrollo nacional a través de grandes inversiones atraídas por el RIGI, sin mecanismos que protejan la soberanía productiva, es una estrategia de alto riesgo en un mercado global que subsidia y blinda sin disimulo a sus industrias nacionales.
La minería tiene potencial para ser un motor macroeconómico de largo plazo. Pero si los campamentos generan trabajo en China, si los contratos se firman con consorcios extranjeros respaldados por crédito público de sus países y si los talleres y comercios locales no ven ningún impacto en su facturación, la promesa de desarrollo acabará siendo solo eso: una promesa.
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