El CEO de Vicuña confirma presentación al RIGI, pero advierte a San Juan por el compre local en minería en medio de la polémica por proveedores extranjeros.
El anuncio de la próxima presentación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por parte de Vicuña, el joint venture conformado por BHP y Lundin, volvió a poner en el centro de la escena uno de los proyectos más ambiciosos (y también polémico) de la historia de la minería argentina.
Durante un encuentro con medios en el Argentina Cobre II en San Juan, José Morea, CEO de la compañía, ratificó que la iniciativa se encuentra en la etapa final de preparación para acogerse al régimen y destacó la cooperación con el Gobierno de San Juan para garantizar los permisos y condiciones que aseguren la viabilidad de las inversiones comprometidas.
En ese marco, Morea insistió en que la concreción del proyecto depende de un trabajo conjunto y de reglas claras, advirtiendo que cualquier medida que condicione las licitaciones, como una eventual ley que imponga cupos obligatorios a proveedores locales, podría resultar contraproducente para el proyecto y la provincia.
Aunque el monto definitivo de la inversión que podría presentarse en el RIGI será revelado con la presentación del informe técnico actualizado, Morea adelantó que el nivel de inversión proyectado es “de los más altos en la historia económica argentina” y que podría convertirse en la mayor operación de inversión extranjera directa registrada en el país.
Algunas fuentes hablan de un monto que podría llegar a los 15 mil millones de dólares.
La integración de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol dentro del proyecto Vicuña lo posiciona como una de las diez minas de cobre, oro y plata más grandes del mundo.
El objetivo es concretar la presentación en la segunda mitad del año actual; sin embargo, todavía restan algunos ajustes internos y terminar de cerrar ciertos procesos con el Gobierno de San Juan, especialmente relacionados con la obtención de permisos robustos que garanticen la viabilidad y seguridad jurídica necesarias para comprometer inversiones de gran magnitud.
Detalles pendientes y tiempos de presentación
Respecto a la inversión y la producción, Morea anticipó que los montos definitivos y el nivel esperado de producción serán datos a conocer con el informe técnico actualizado después de la fusión de los proyectos, programado para finales de este año o principios del próximo.
Sobre la polémica por la aparición de proveedores y mano de obra chilena en el proyecto y la participación de proveedores locales, el CEO considera que la mayoría de los proveedores de Vicuña probablemente serán de San Juan, aunque subrayó que la selección será bajo procesos transparentes, competitivos y de diálogo constante. Rechazó la idea de una ley que imponga cupos obligatorios de proveedores locales, argumentando que sería contraproducente y podría perjudicar la reputación y competitividad de la provincia ante inversores internacionales.
“San Juan debiera ser lo suficientemente inteligente para proteger una reputación que tanto le ha costado construir y que hoy le ha abierto las puertas a este tipo de inversiones de grandes empresas internacionales que vienen a hacer minería multigeneracional en forma sostenible por más de 50 años y transformar a San Juan a la provincia que realmente puede ser con todo el potencial destrabado en conjunto”, aseguró el CEO.
Sin embargo, intentó suavizar la polémica asegurando que: “Si me preguntás a mí personalmente, yo estoy convencido de que la vasta mayoría de los proveedores que participen en Vicuña van a venir de San Juan. Pero eso se irá dando con el tiempo, con cada proceso licitatorio y con cada avance de inversión del proyecto”.
En relación al desarrollo de infraestructura y fideicomisos mineros, Morea destacó que las negociaciones con el Gobierno de San Juan avanzan muy bien y existe un fuerte incentivo de ambas partes para acelerar el desarrollo de infraestructura necesaria para el proyecto, discutiendo incluso posibles compensaciones vinculadas a fideicomisos mineros en las inversiones iniciales para arrancar la producción.
Finalmente, Morea reiteró que la presentación formal al RIGI es inminente, y que esperan estar listos para ello en los próximos meses, cumpliendo con todos los requisitos legales, técnicos y logísticos necesarios para comprometerse tanto con el Gobierno provincial como con los accionistas internacionales del proyecto.
Como ya contó Sitio Andino, el avance del proyecto ha generado controversia. Cámaras empresariales, gremios y sectores políticos de San Juan expresaron preocupación por la creciente contratación de empresas y personal provenientes de Chile, amparada en el Tratado Binacional Minero.
En los últimos meses, empresas chilenas fueron contratadas para trabajos vinculados al proyecto, lo que despertó críticas por parte de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), que denunció condiciones fiscales y logísticas más ventajosas para los proveedores del país vecino y planteó la necesidad de revisar el tratado binacional, argumentando que ya no responde a las condiciones actuales de la minería en Argentina.
Cuestionamientos a los que se sumó el Sindicato Jerárquico Minero (Asijemin) reclamando que al menos el 70% de la mano de obra provenga de San Juan.
En tanto, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim) denunció la ausencia total de ingenieros argentinos en etapas recientes de exploración, y advirtió sobre presuntas irregularidades en la habilitación de profesionales extranjeros que, según el organismo, trabajan sin cumplir con los procesos de revalidación de títulos exigidos por la legislación argentina.
Agradecimiento: Club Minero
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