La Legislatura dio sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto ubicado en Malargüe. La iniciativa prevé una inversión de US$3 millones.
El proyecto San Romeleo, ubicado en Malargüe, obtuvo la aprobación legislativa de su Declaración de Impacto Ambiental y busca producir sulfato de cobre para la vitivinicultura mendocina.
La Legislatura de Mendoza aprobó definitivamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre San Romeleo, ubicado en Malargüe, y habilitó así una nueva etapa para el emprendimiento minero que busca producir un insumo fundamental para la agricultura provincial, especialmente para la vitivinicultura.
La Cámara de Diputados dio sanción final a la ratificación de la DIA para la explotación por mayoría de votos y con el rechazo de La Unión Mendocina (LUM). De esta manera, el proyecto completó su recorrido legislativo, luego de atravesar las instancias de evaluación técnica, participación ciudadana y tratamiento parlamentario.
A diferencia de los grandes desarrollos cupríferos que buscan avanzar en Mendoza, San Romeleo es una iniciativa de pequeña escala que apunta a generar valor agregado dentro de la provincia.
Su objetivo es extraer óxido de cobre y procesarlo para obtener sulfato de cobre pentahidratado, un producto utilizado para combatir enfermedades en distintos cultivos.
El emprendimiento pertenece a LABSA S.A. y es operado por AREX MINING S.A., que solicitó autorización para reactivar la explotación del yacimiento. La ratificación legislativa representa un avance decisivo, aunque el inicio efectivo de las operaciones todavía depende del cumplimiento de las condiciones ambientales y los permisos correspondientes.
Una de las principales particularidades de San Romeleo es su vinculación con otra actividad estratégica para la economía mendocina: la producción agrícola.
El proyecto contempla una inversión estimada de US$3 millones, reservas calculadas en 257.000 toneladas de mineral y una ley media de cobre del 1,29%. La planta proyectada tendría capacidad para procesar unas 40 toneladas diarias, con una vida útil aproximada de 20 años.
Según la documentación técnica, el desarrollo productivo se organizaría en dos etapas. Inicialmente, se prevé obtener alrededor de 222 toneladas anuales de óxido de cobre y, posteriormente, alcanzar una producción estimada de 710 toneladas anuales de sulfato de cobre pentahidratado.
Este último producto tiene una aplicación concreta en los viñedos mendocinos. Forma parte del denominado caldo bordelés, un preparado utilizado para prevenir y controlar enfermedades causadas por hongos, y también se emplea en cultivos frutícolas y hortícolas.
Durante el tratamiento legislativo, el director de Agricultura de Mendoza, Alfredo Draque, explicó que la provincia consume aproximadamente 1.000 toneladas anuales de sales de cobre, un insumo que actualmente depende en parte del abastecimiento externo.
En ese contexto, San Romeleo plantea la posibilidad de integrar dos cadenas productivas que históricamente se desarrollaron por separado: la minería y la agricultura, mediante la elaboración local de un producto que utilizan los productores mendocinos.
Como informó anteriormente SITIO ANDINO, la empresa AREX Mining busca avanzar desde las tareas exploratorias hacia una etapa productiva, con la intención de desarrollar un emprendimiento que permita generar recursos y ampliar sus actividades en la región.
En una entrevista realizada durante el Mendoza Energy Summit, el gerente de operaciones de la compañía, Matías Berardini, explicó que la iniciativa surgió a partir de la identificación de una oportunidad concreta para abastecer al sector agroindustrial.
La empresa también proyecta extender su mercado al resto de Cuyo y desarrollar instalaciones industriales que permitan incorporar procesos de transformación del mineral.
El proyecto contempla, además, una vinculación con la comunidad de Ranquil Norte y con instituciones de formación técnica de Malargüe, mediante iniciativas que la compañía espera implementar a medida que avance el emprendimiento.
La aprobación legislativa no implica que la empresa pueda comenzar inmediatamente la explotación. La DIA establece una serie de condiciones que deberán cumplirse antes del inicio de las actividades y durante toda la vida útil del emprendimiento.
Entre las principales exigencias figuran la presentación de una línea de base ambiental, protocolos de protección y rescate de fauna, la contratación de un seguro de recomposición ambiental y la medición de la huella de carbono.
En materia hídrica, AREX Mining deberá contar con los permisos y el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación antes de realizar movimientos de suelo. También tendrá que implementar sistemas de medición continua y monitoreo del agua.
La ubicación del emprendimiento constituye otro aspecto relevante de la evaluación. San Romeleo se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Malargüe, a 20 kilómetros del río Grande y a aproximadamente 2,5 kilómetros de la Reserva de La Payunia.
La DIA también contempla controles sobre la calidad del agua superficial y subterránea, emisiones de partículas, ruidos y residuos, además de medidas de recuperación ambiental para las etapas de cierre y poscierre.
Durante el tratamiento en Diputados, el oficialismo defendió el proyecto por su potencial productivo y su vinculación con la agricultura mendocina.
El legislador radical Leonardo Mastrángelo destacó que la explotación permitirá obtener óxido de cobre para elaborar sulfato de cobre, un producto necesario para la vitivinicultura y otras actividades agrícolas.
Desde el PRO, Stella Huczack también respaldó la iniciativa y sostuvo que, si el emprendimiento alcanza un funcionamiento adecuado, Mendoza podría reducir significativamente su dependencia de las importaciones de este insumo.
Por su parte, el justicialista Gustavo Perret acompañó la ratificación, aunque planteó la necesidad de revisar la complejidad de los procedimientos ambientales para emprendimientos de estas características.
La principal oposición llegó desde La Unión Mendocina. El diputado Jorge Difonso cuestionó la falta de determinados instrumentos de evaluación de riesgos naturales y antrópicos, entre otros aspectos de la documentación.
video
video
