Ley de Discapacidad: Diputados aprobó cambios en las pensiones, prestaciones y cobertura de salud
La iniciativa obtuvo 237 votos a favor tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Qué establece el proyecto y qué falta para su aprobación definitiva.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una nueva Ley de Discapacidad que introduce modificaciones en el régimen de pensiones no contributivas, garantiza la continuidad de prestaciones médicas y establece mecanismos para actualizar los aranceles de los servicios destinados a personas con discapacidad. La iniciativa obtuvo media sanción durante la madrugada de este jueves 22 de octubre, después de una extensa negociación entre el oficialismo y distintos bloques de la oposición.
La propuesta busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, que vence a fines de 2026, por un régimen permanente de protección. Para conseguir el respaldo parlamentario, La Libertad Avanza aceptó incorporar modificaciones vinculadas con el financiamiento, las condiciones para acceder a las pensiones y la continuidad de la cobertura de salud.
La discusión resulta especialmente relevante para las familias que dependen de tratamientos de rehabilitación, acompañamiento terapéutico, transporte especializado y otras prestaciones esenciales para garantizar la atención de las personas con discapacidad.
Ley de Discapacidad: qué cambia para las pensiones no contributivas
Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de compatibilizar las pensiones no contributivas por discapacidad con el empleo formal, una demanda sostenida por organizaciones del sector.
La iniciativa establece que las personas beneficiarias podrán mantener la pensión aunque tengan un trabajo registrado o estén inscriptas en determinados regímenes tributarios, siempre que sus ingresos individuales netos sean inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. De esta manera, el acceso al mercado laboral no implicaría automáticamente la pérdida de la prestación económica, dentro de los límites establecidos por la futura normativa.
El texto también contempla mecanismos de protección frente a eventuales suspensiones de beneficios. Las personas afectadas deberán recibir una notificación formal y tendrán un plazo de 60 días para presentar su descargo.
Además, se prevén auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos públicos para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Estas disposiciones deberán ser aprobadas por el Senado antes de entrar en vigencia.
Qué pasará con los tratamientos, las terapias y la cobertura médica
Otro de los aspectos relevantes es la continuidad del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. El proyecto mantiene el nomenclador nacional de prestaciones y el esquema de aranceles unificados, que establece valores de referencia para servicios como rehabilitación, tratamientos terapéuticos, centros de día y otras modalidades de atención.
También contempla la actualización mensual de los aranceles de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de evitar que la inflación reduzca el valor de las prestaciones.
Durante las negociaciones, la oposición consiguió incorporar garantías para la continuidad del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad.
Esta modificación apunta a preservar el acceso a las prestaciones contempladas en la Ley 24.901, que regula el sistema de atención integral para personas con discapacidad.
El mantenimiento de estos mecanismos fue uno de los principales puntos de discusión, debido a que el proyecto original de Presupuesto 2027 contemplaba modificaciones que podían afectar el esquema de financiamiento y actualización de las prestaciones.
Deudas con prestadores: los plazos que establece el proyecto
La situación económica de los prestadores también ocupó un lugar central en el debate parlamentario. El texto aprobado establece que, si existen deudas pendientes por compensaciones al momento de entrar en vigencia la norma, el Poder Ejecutivo deberá comunicar un cronograma de pagos dentro de los primeros 30 días corridos.
Asimismo, la cancelación total de esos compromisos deberá concretarse dentro de un plazo máximo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley.
La medida busca dar previsibilidad a instituciones, profesionales y organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad y que dependen del cumplimiento de los pagos para sostener sus actividades.
En paralelo, la iniciativa incorpora previsiones presupuestarias para financiar el sistema y contempla mecanismos de compensación desde el Tesoro Nacional en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso citadas durante el debate, el costo fiscal previsto para 2027 rondaría los $598.912 millones.
El acuerdo político que permitió aprobar la Ley de Discapacidad
La media sanción fue resultado de una negociación que modificó el escenario inicial de la sesión. En un principio, sectores opositores impulsaban la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza en diciembre. Sin embargo, el oficialismo propuso avanzar con un régimen permanente que conservara buena parte de los beneficios establecidos en la legislación vigente.
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, tuvo un papel central en las conversaciones. Durante el debate, planteó una serie de modificaciones que consideraba necesarias para acompañar el proyecto.
La Libertad Avanza aceptó los cambios y consiguió sumar los votos de Unión por la Patria, el PRO, la UCR y otros espacios parlamentarios.
No obstante, el acuerdo no fue unánime. La diputada mendocina Lourdes Arrieta votó en contra de la iniciativa, al igual que un grupo de legisladores cordobeses. Por su parte, los representantes del Frente de Izquierda se abstuvieron.
Entre las objeciones planteadas por sectores que rechazaron la propuesta figuraron la falta de participación de algunas organizaciones en las negociaciones y las dudas sobre el cumplimiento efectivo de las disposiciones.
