La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto del Ejecutivo tras incorporar cambios durante su tratamiento en el Senado. De qué se trata la nueva normativa.
La Provincia contará con un marco excepcional para acelerar las intervenciones preventivas
Foto: Prensa Legislatura de MendozaLa Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por unanimidad y dio sanción final a la declaración de la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial, en el marco del fenómeno de El Niño. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, establece un plazo de 180 días y contempla la posibilidad de extenderlo por otros 180 días mediante un decreto fundado.
La normativa busca dotar al Estado provincial de herramientas para acelerar los trabajos preventivos, reforzar el monitoreo y coordinar la respuesta ante posibles contingencias climáticas que puedan afectar a la población, la infraestructura, los servicios esenciales, los recursos hídricos y la producción.
Según los fundamentos del proyecto, la declaración apunta a fortalecer las acciones de prevención y preparación que Mendoza viene desarrollando para anticiparse a los efectos de lluvias intensas y otros fenómenos hidrometeorológicos.
El texto recibió modificaciones durante su tratamiento en el Senado, principalmente en los artículos vinculados con la coordinación de las intervenciones, la identificación de puntos críticos y los mecanismos de rendición de cuentas. Tras esos cambios, la Cámara de Diputados respaldó la versión revisada y convirtió la iniciativa en ley.
Entre las modificaciones incorporadas, se establece que la identificación de los sectores críticos y la priorización de las intervenciones necesarias para reducir riesgos en la prestación de los servicios esenciales podrán apoyarse en informes elaborados por el Departamento General de Irrigación.
Además, se eliminó el artículo que obligaba a los municipios, a Irrigación y a los entes descentralizados a dictar las normas necesarias para la aplicación de la ley.
En materia de control, la normativa prevé la elaboración de informes trimestrales por parte de la autoridad de aplicación. Estos mismos deberán remitirse a ambas cámaras de la Legislatura dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre, desde la entrada en vigencia de la ley.
El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será la autoridad de aplicación de la normativa y tendrá un plazo de 10 días hábiles para reglamentarla. La implementación de las medidas también contempla la participación del Departamento General de Irrigación y de los demás organismos competentes, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.
Uno de los principales instrumentos previstos es la posibilidad de agilizar las contrataciones necesarias para atender situaciones directamente relacionadas con la emergencia. La ley también contempla la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje, intervenciones en cauces y canales, mantenimiento de caminos y ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
El uso de estas herramientas deberá limitarse a las necesidades vinculadas con la emergencia y ajustarse a criterios de razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control.
La declaración de emergencia se integra al plan provincial de prevención presentado en agosto por el gobernador Alfredo Cornejo, junto con integrantes de su gabinete, intendentes y organismos vinculados con la gestión de emergencias.
La estrategia apunta a fortalecer los mecanismos de alerta temprana y el intercambio de información entre la Provincia, los municipios, Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otras instituciones con responsabilidades en la gestión del riesgo.
El objetivo es mejorar la identificación de puntos críticos, anticipar posibles impactos de las precipitaciones intensas y coordinar las intervenciones necesarias para reducir daños en zonas vulnerables y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
En ese marco, el Gobierno provincial busca contar con información actualizada para adaptar las medidas preventivas a la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.
La fundamentación de la iniciativa plantea un cambio de enfoque en la gestión de las contingencias climáticas, con mayor énfasis en la anticipación, el análisis científico y la cooperación entre organismos públicos. En ese sentido, el proyecto sostiene que la finalidad es pasar de un modelo predominantemente reactivo a otro basado en la prevención, la información científica y la gestión integral del riesgo.
La prioridad, según los fundamentos oficiales, es proteger la vida y la salud de las personas, los recursos hídricos, el ambiente, la producción, los bienes y la infraestructura esencial de Mendoza mediante medidas temporales, sujetas a controles y respaldadas técnicamente.
Con la sanción legislativa, la Provincia contará con un marco excepcional para acelerar las intervenciones preventivas y reforzar la coordinación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027.
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