El oficialismo impuso el tratamiento sobre tablas de la declaración de emergencia El Niño y, tras un largo cuarto intermedio, logró los votos del peronismo.
El Niño: el oficialismo apuró el debate por la emergencia climática en el Senado.
El oficialismo apuró este martes el debate en el Senado de la declaración de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climatológico ante la pronosticada llegada del fenómeno de El Niño. Sin embargo, la sanción final deberá esperar, ya que el texto de la norma impulsada por el Gobierno de Mendoza fue modificado a pedido de la oposición y volvió a Diputados.
El radicalismo consiguió habilitar su tratamiento sobre tablas al conseguir los votos de los dos tercios de la Cámara, ya que el proyecto no formaba parte del temario acordado. De este modo, llegó al recinto sin pasar previamente por comisiones, donde habitualmente se analizan las propuestas y se emiten los despachos correspondientes.
El peronismo criticó que la iniciativa haya sido incluida en la sesión sin haber pasado por comisiones para ser discutida y se disponía a votar en contra. Pero, los cambios aceptados por el oficialismo lograron el consenso con la oposición. La norma había obtenido media sanción en Diputados la semana pasada, donde volverá a ser tratada tras las modificaciones.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo busca anticiparse a los posibles efectos del Súper Niño y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales problemáticas, mediante una serie de medidas orientadas a la prevención, la coordinación entre organismos y la ejecución de trabajos urgentes en zonas de riesgo.
Este martes, el Partido Justicialista (PJ) decidió no acompañar el proyecto, a diferencia de lo sucedido en la Cámara baja. El sector kirchnerista (Frente Patria), en cambio, decidió votar a favor. La oposición reclamó modificaciones al texto de la norma, en particular, en los artículos referidos a la adhesión de los municipios, la obligación de rendir cuentas de lo ejecutado y la identificación de zonas críticas.
"A los empujones nunca es bueno", remarcó el senador Pedro Serra (PJ). En el mismo sentido, Adriana Cano (PJ) afirmó que "la emergencia tiene justificación", pero advirtió que el oficialismo cayó en una "falta institucional" al acelerar el tratamiento y evitar que funcionarios asistan a comisiones a brindar detalles, algo que estaba previsto que sucediera el próximo miércoles.
Luego de un largo cuarto intermedio, las partes acercaron posiciones para sancionar el proyecto. De esta manera, el peronismo cambió su postura y aportó sus votos para devolver la norma a Diputados.
Al declarar la emergencia -que regirá por 180 días-, se habilitan mecanismos para ser utilizadas exclusivamente ante necesidades relacionadas con el fenómeno y bajo criterios de "razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia y control", indicó el Gobierno. Entre los principales ejes, se habilita las contrataciones directas y la ejecución urgente de obras hidráulicas y de drenaje vinculadas a la prevención.
Además, incluye tareas de mantenimiento y adecuación de cauces y canales, así como la aceleración de trabajos en caminos que puedan verse afectados. También contempla el mejoramiento del intercambio de información y los sistemas de alerta temprana e identificar puntos críticos para actuar en zonas con mayor riesgo.
Otro de los aspectos centrales es la coordinación entre el Gobierno, los municipios, el Departamento General de Irrigación, los prestadores de servicios públicos y otros organismos competentes para ordenar las intervenciones y evitar demoras frente a posibles contingencias. Además, contempla ampliar la red provincial de monitoreo preventivo de eventos hidrometeorológicos.
La reciente modificación del artículo 127 del Código Contravencional aprobada por la Legislatura duplicó las sanciones por arrojar basura y otros residuos en espacios públicos y cauces de agua durante la vigencia de alertas, emergencias o estados de catástrofe.
De esta manera, el arrojo o acumulación de escombros, residuos, malezas, aguas servidas o metales será sancionado con multas de entre $1.200.000 y $2.400.000. La norma también prevé la posibilidad de arresto y trabajo comunitario de limpieza, como medida de reparación del daño ocasionado.
