La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Janina Ortiz habilita su expulsión de la Cámara de Diputados. Cómo es el proceso para reemplazarla.
La exsecretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, fue condenada por hechos de corrupción a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras acceder a un juicio abreviado -junto con el exintendente Daniel Orozco-. Con esta sentencia, su banca en la Cámara de Diputados, actualmente suspendida, podrá ser ocupada por su reemplazante.
El pasado martes, ambos reconocieron ante la Justicia su responsabilidad penal en el causa relacionada con el destino de más de $35 millones transferidos a la cooperativa Manos a la Obra para realizar trabajos de limpieza que, según la acusación, no se habrían concretado en las condiciones pactadas. La pareja firmó un acuerdo judicial para evitar un juicio oral.
Tras la condena, se espera que la exfuncionaria de Las Heras renuncie a su cargo. Caso contrario, Diputados podría expulsarla de su banca tras una votación del cuerpo. La Cámara aún no recibe la sentencia, cuando eso ocurra, se estipula que en dos semanas puedan concretar la baja de Ortiz. Esto habilitaría su reemplazo y la llegada de Castillo a la Legislatura.
Al momento de ser investigada, Ortiz era diputada provincial, cargo que fue suspendido en 2024 por el cuerpo legislativo por "comportamiento indigno". Como se trató de una suspensión, el escaño no quedó vacante en lo formal, pero la inhabilitación para ejercer cargos públicos que ahora pesa en su contra habilita el proceso de reemplazo de esa banca.
Ese lugar lo reclama hace años María Belén Castillo, dirigente del PRO, exaliado de La Unión Mendocina (LUM), quien figura como sucesora luego del fallecimiento del reconocido dirigente del Partido Libertario José Caviglia, quien la precedía en la lista de candidatos de la Primera Sección electoral de las elecciones de 2023.
La sentencia tras el juicio abreviado permitió cerrar la situación penal de Ortiz y Orozco. El acuerdo no incluyó una multa ni un resarcimiento económico por el dinero sustraído, por lo que la recuperación de esos fondos deberá tramitarse por otra vía.
El resto de los acusados deberá afrontar un debate común. Entre ellos se encuentran el subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, señalado como coautor, y el jefe de Licencias de Conducir, Hernán Mostaccio; el agente municipal Juan Pablo Pandolfi; el subdirector de Contaduría, Daniel Herrera; y el contratado Adrián “Moco” Pérez, todos estos últimos señalados como partícipes necesarios.
video
