La reforma de la ley de Hidrocarburos, impulsada por el Ejecutivo, establece nuevas reglas para la exploración y explotación de petróleo y gas.
Hidrocarburo: el nuevo régimen de regalías obtuvo media sanción de Diputados.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la ley de Hidrocarburos, que establece nuevas reglas para la exploración y explotación de petróleo y gas. Con esta norma, el Ejecutivo busca atraer inversiones, aumentar la producción y generar condiciones para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en Mendoza.
La iniciativa enviada a la Legislatura por el Gobierno que fue aprobada este miércoles plantea un régimen flexible para definir regalías e incentivos. Además, actualiza las obligaciones ambientales y los mecanismos de fiscalización y control.
La diputada Sol Salinas (Unión PRO) defendió el proyecto al señalar que "la ley quedó desfasada" y sostuvo que es necesario establecer un marco normativo de referencia que trascienda las distintas gestiones de gobierno y permita garantizar la sostenibilidad y la competitividad de los recursos naturales para las próximas generaciones.
En tanto, Jorge Difonso (LUM), uno de los que votó en contra del proyecto, afirmó que durante el debate "se perdió la oportunidad de focalizar estos ingresos en un fondo específico y que no vaya a rentas generales". También criticó que no se establezca con claridad cómo se evaluarán las inversiones de las empresas para recibir compensaciones y cuestionó la facultad que se otorga a EMESA para realizar contrataciones directas con operadores de área.
Actualmente, la ley establece una regalía general de 12% sobre la producción y permite reducirla hasta 5% según las características de cada proyecto, el nuevo esquema se basa en que el porcentaje de referencia sea de 15% y que, al momento de licitar, las empresas que compitan por cada área oferten un porcentaje mayor o menor.
Dicho esquema permite que la regalía no quede fijada de manera rígida, sino que se pueda definir a partir de la oferta, y así contemplar las particularidades de cada yacimiento, tanto para petróleos convencionales como para no convencionales. De esta manera, el Ejecutivo espera fomentar la inversión, aumentar la producción, generar mayores ingresos a las arcas provinciales y, en consecuencia, incrementar los recursos coparticipables.
Para la adjudicación también se evaluarán el valor total del proyecto, la producción prevista y las inversiones comprometidas. El monto de inversión tendrá un peso preponderante, aseguró el Ejecutivo. A su vez, se plantean incentivos para movilizar inversiones en áreas donde recuperar producción resulta más complejo: reducciones de regalías para la reactivación de pozos inactivos, la exploración complementaria, la producción de crudos pesados y los proyectos de recuperación mejorada. En esos casos, podrán incluso ubicarse por debajo del 5% con fundamente técnico.
También se podrá compensar parcialmente el canon de explotación cuando una compañía realice nuevas inversiones de riesgo exploratorio, siempre que invierta al menos el doble del monto que pretende compensar. Para los permisos de exploración podrá reducirse, además, hasta 80% el canon correspondiente a una prórroga.
Otra de las modificaciones centrales es la incorporación de las concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, una figura que no estaba contemplada en la Ley de 2006. El proyecto habilita la reconversión de concesiones hacia este régimen de acuerdo con la legislación nacional y establece así un marco provincial específico para proyectos no convencionales.
La incorporación tiene especial relevancia para Malargüe y la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde el desarrollo de los recursos requiere inversiones intensivas, mayores plazos y condiciones distintas de las que demanda un yacimiento convencional maduro.
La iniciativa refuerza también las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, desde la exploración y explotación hasta el cierre y abandono definitivo. Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar los monitoreos correspondientes y, cuando sea necesario, recomponer o restaurar el ambiente.
Además, se establece expresamente que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación. Además, deberán presentar cada dos años una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, de carácter público, que incluirá información sobre comunidad, ambiente, capacitación laboral, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.
La reforma, asimismo, reemplaza el sistema de multas expresadas en pesos, cuyos montos quedaron desactualizados. Las nuevas sanciones se calcularán tomando como referencia el precio de la nafta súper y las infracciones serán clasificadas en leves, graves, muy graves y gravísimas.
Además, se crea una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico. La tasa no podrá superar 0,8% del monto correspondiente a regalías y/o cánones de cada actividad.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, que tendrá a su cargo el control de la producción y del cumplimiento de las obligaciones de las operadoras, además de la supervisión de los pozos desde su perforación hasta su abandono definitivo en coordinación con la autoridad ambiental.
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