La reciente controversia por la contratación de profesionales y empresas chilenas en la minería sanjuanina -que ya contó Sitio Andino- ahora se extiende a la preocupación por la contratación de personal trasandino para el trabajo en los proyectos.
A la tensión en la minería de San Juan por la contratación de empresas chilenas ahora se suman denuncias de incorporación de personal trasandino.
El proyecto Vicuña donde comenzó la polémica
La reciente controversia por la contratación de profesionales y empresas chilenas en la minería sanjuanina -que ya contó Sitio Andino- ahora se extiende a la preocupación por la contratación de personal trasandino para el trabajo en los proyectos.
La polémica en torno al megaproyecto de cobre Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol en la provincia argentina de San Juan, se ha instalado como tema en medios chilenos.
La decisión de los consorcios mineros de incorporar mano de obra y proveedores del país vecino, apoyada en los tratados binacionales, ha generado un profundo malestar en sectores productivos, gremios y cámaras empresariales locales, que ven amenazados sus intereses y expectativas laborales en el mayor hallazgo de cobre de los últimos treinta años. Esto es leído en sectores empresariales y políticos como un apriete a los trabajadores y empresas para bajar costos.
Fuentes del sector son muy críticas con las empresas internacionales, ya que consideran que se está entrando, a partir de las desregulaciones propiciadas por el gobierno nacional, en un sendero preocupante respecto a lo que deje en la economía argentina la explotación minera.
“Si a los beneficios excesivos del RIGI le van a sumar que el efecto multiplicador de la economía lo van a derramar del otro lado de la cordillera, la situación será insostenible económica y socialmente”, expresó un alto dirigente minero que pidió reserva de su nombre y cámara.
Es posible que a los pronunciamientos de las cámaras sanjuaninas en los próximos días se sumen cámaras nacionales y de otras regiones mineras.
Vicuña es un Joint Venture entre las compañías BHP, la mayor minera del mundo, y Lundin. Lundin, experimentada operadora del sector, cuenta con operaciones maduras en Chile como la mina Candelaria y extensos contratos a ambos lados de la Cordillera.
La magnitud del proyecto Vicuña, situado en el departamento Iglesia, genera grandes expectativas en la industria y también eleva el volumen de proveedores y personal requerido para su construcción y desarrollo.
En las últimas semanas, diversos actores mineros de San Juan advierten sobre una creciente “extranjerización” de los servicios contratados.
A la fecha, ya se contabilizan al menos cinco empresas chilenas prestando servicios en las obras, según denuncian proveedores nucleados en CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan).
La utilización de empresas foráneas, muchas veces bajo condiciones fiscales y logísticas más ventajosas, ha sido calificada como una “competencia desleal”.
Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, alertó sobre los efectos adversos de esta situación en los proveedores y la economía sanjuanina, especialmente en un contexto de dificultades macroeconómicas para Argentina.
Godoy hizo hincapié en las notables diferencias de costos e impuestos entre ambos países: mientras el alquiler de una camioneta en Chile cuesta aproximadamente 1.500 dólares, en San Juan el valor supera los 3.200, y la carga impositiva es mayor.
“Es una competencia desleal”, expresó el dirigente, subrayando el efecto negativo sobre el entramado empresarial local y cuestionando la vigencia del Tratado Binacional Minero, cuya razón de ser —sostiene— “ya no responde a las condiciones actuales del sector argentino”.
La preocupación no se limita a cuestiones empresariales. Los gremios mineros, como el Sindicato Jerárquico Minero (Asijemin), han propuesto que al menos un 70% de la mano de obra contratada en Vicuña provenga de San Juan, y el resto se distribuya entre trabajadores de otras provincias y extranjeros.
Marcelo Mena, secretario general de Asijemin, enfatizó la necesidad de que los puestos queden en manos locales, “para que tributen aquí y dinamizar la economía de nuestra gente”.
Reveló además que, en etapas recientes de exploración en Filo del Sol, hubo 250 trabajadores chilenos y una presencia mínima argentina, algo que genera malestar comprensible.
Por su parte, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim), presidido por Francisco Almenzar, denunció la ausencia total de ingenieros locales contratados y advirtió sobre presuntas irregularidades en la habilitación y validación profesional de los expertos extranjeros.
“Llegan acá y trabajan con visa de turista, eso no puede ser”, afirmó Almenzar, quien pidió que se respetara la obligatoriedad de revalidar títulos en universidades argentinas según la legislación vigente.
Uno de los ejes más discutidos en el debate es justamente el rol del Tratado Binacional Minero entre Argentina y Chile.
Según expresaron voces empresariales y sindicales sanjuaninas, el acuerdo —que cobró sentido hace dos décadas, en la época del proyecto Pascua-Lama— hoy sirve para justificar un régimen que desfavorece la contratación de industria y personal local, dada la disparidad cambiaria e impositiva vigente.
“Es legal, pero ya no tiene razón de ser, deberían revisarlo para priorizar proveedores y mano de obra local”, reclamó Alfredo Amín, desde la Cámara de Proveedores Mineros de Calingasta.
La preocupación central es la siguiente: mientras en el proyecto Veladero, de las 900 empresas contratistas, 400 pertenecen a San Juan y dejan réditos en la provincia, ahora las empresas mineras estarían apostando por proveedores chilenos en condiciones mucho más competitivas, lo que pone en jaque la sustentabilidad del ecosistema productivo sanjuanino.
El debate no quedó contenido en la esfera argentina. Medios chilenos especializados, como el portal Política Minera y el Diario Financiero, reflejaron la tensión existente, analizando las implicancias del informe técnico de junio de Lundin, que deja explícitamente abierta la posibilidad de reclutar personal chileno, justificando la decisión por la robustez y experiencia de la industria minera del país vecino.
Las declaraciones de Mena -quien es hijo de exiliados chilenos- fueron especialmente difundidas en la prensa trasandina, donde puso de relieve la dimensión social del conflicto: no se discute la capacidad profesional chilena, pero se considera necesario proteger las fuentes laborales locales en un contexto económico adverso.
En este contexto, BHP publicó en sus redes sociales un mensaje destacando la “excelencia técnica y el profundo respeto por las comunidades” de la minería chilena.
El posteo, que coincidió con la divulgación del informe técnico de Vicuña, no pasó desapercibido en San Juan y fue leído por muchos como una señal de respaldo a la incorporación de experticia chilena en el megaproyecto.
Las empresas argumentan la legalidad y conveniencia de contratar personal y proveedores chilenos, resaltando su experiencia comprobada y el estándar internacional que aportan para enfrentar los desafíos de un proyecto de esta magnitud.
La gran discusión se potencia porque hasta hace poco los mismos actores elogiaban sostenidamente a los profesionales argentinos.
Salta, San Juan y sobre todo Mendoza, en su educación secundaria en Malargüe y universitaria en la UNCuyo, son formadores de profesionales de excelencia que se desempeñan en Argentina, Chile e incluso en proyectos y asesoramientos internacionales.
Es cierto que la industria minera en la Argentina aún está en pañales comparada con Chile, pero profesionales hay en cantidad y calidad para proveer los requerimientos que tiene hoy la industria en nuestro país.
Lo mismo pasa con los proveedores, que en los últimos años han desarrollado servicios de excelencia que van desde laboratorios de análisis hasta servicios de catering, y que están en condiciones de competir globalmente.
La repentina pasión de las empresas por los servicios y profesionales chilenos es, por lo menos, sospechosa.
Si la inclusión de proveedores chilenos en Vicuña anticipa el futuro de la minería argentina o si forzará una revisión profunda de los acuerdos binacionales, es una pregunta cuya respuesta se irá perfilando en los próximos meses.
Por lo pronto, el debate ya se instaló y promete seguir generando tsunamis políticos y corporativos en ambos lados de la frontera.