El Gobierno nacional rechazó las impugnaciones presentadas por San Juan, La Rioja y otras empresas mineras y confirmó el esquema que otorga al proyecto Vicuña prioridad para utilizar la infraestructura eléctrica que financiará en el norte sanjuanino.
El Gobierno nacional ratificó un beneficio clave para el megaproyecto minero Vicuña.
El Gobierno nacional dio un paso clave para el desarrollo del proyecto minero Vicuña al aprobar el plan de expansión de infraestructura eléctrica que permitirá abastecer de energía al yacimiento Josemaría, en San Juan. La medida, oficializada mediante la Resolución 330/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), ratificó además una prioridad de uso por 25 años sobre la nueva capacidad de transporte eléctrico que se construirá para el emprendimiento.
La decisión llegó luego de que el organismo rechazara las impugnaciones presentadas por los gobiernos de San Juan y La Rioja, además de otras empresas mineras que cuestionaban el alcance del beneficio otorgado al proyecto, como Los Azules, Barrick, Gualcamayo y Hualilán.
La resolución otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un conjunto de obras de transporte en extra alta tensión destinadas a reforzar el sistema eléctrico que abastecerá al proyecto Josemaría, uno de los desarrollos cupríferos más importantes del país.
El esquema contempla que Vicuña Argentina tenga prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente e incremental que generen estas obras, durante un plazo equivalente a la vida útil estimada del proyecto: 25 años.
Desde el Gobierno sostuvieron que este mecanismo brinda previsibilidad a una inversión de gran escala y garantiza el abastecimiento energético necesario para la operación del emprendimiento.
Vicuña Argentina desarrolla el proyecto Josemaría, considerado uno de los mayores emprendimientos de cobre del país y que forma parte del distrito minero sanjuanino junto con Filo del Sol.
La iniciativa ya fue aprobada dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y prevé una inversión inicial cercana a US$9.700 millones, con potencial de ampliarse en etapas posteriores.
La resolución publicada este miércoles despeja uno de los principales aspectos regulatorios vinculados al suministro eléctrico, un insumo clave para la puesta en marcha de un proyecto de minería metalífera de gran escala.
La decisión nacional vuelve a poner el foco en la infraestructura energética como uno de los factores determinantes para el desarrollo de grandes proyectos mineros.
En Mendoza, donde avanzan iniciativas de cobre como PSJ Cobre Mendocino y distintos proyectos en Malargüe Distrito Minero, la disponibilidad de energía y de obras de transporte eléctrico también aparece como un componente estratégico para acompañar el crecimiento de la actividad, en un contexto en el que varias provincias buscan consolidarse como polos de inversión minera.
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