El 70% de los profesionales de Salud Mental en la provincia de Mendoza advirtió sobre el riesgo de la atención en el sector público por salarios atrasados.
Salud Mental: médicos alertan que el retraso salarial pone en riesgo la atención en Mendoza. Imagen creada con IA
La red de contención de salud mental en el ámbito público de la provincia de Mendoza se encuentra en un punto crítico. Más de 300 profesionales del sector -que incluye a psicólogos, trabajadores sociales, médicos y residentes- emitió un duro comunicado dirigido al gobernador Alfredo Cornejo para alertar que el persistente retraso salarial y la desigualdad contractual están poniendo en riesgo la calidad y continuidad de la atención médica.
La protesta expone una profunda contradicción en la política sanitaria local: el reclamo estalla en momentos en que el Gobierno provincial decidió reforzar de manera urgente los efectores públicos debido al alarmante crecimiento de consultas por depresión y consumos problemáticos, una situación agudizada tras la pandemia de COVID-19 y que afecta con especial gravedad a la población adolescente mendocina.
El documento, respaldado por profesionales pertenecientes al Régimen 27, prestadores, contratados y residentes, describe una disparidad histórica frente a otros sectores de la salud de la provincia de Mendoza.
Los firmantes argumentan que, a pesar de asumir de manera equivalente las mismas tareas de evaluación, acompañamiento e intervenciones interdisciplinarias ante situaciones de extrema complejidad y vulnerabilidad social, perciben remuneraciones notablemente inferiores a las de otros regímenes mejor remunerados.
Esta brecha económica empuja de forma sistemática al personal al pluriempleo, disminuyendo drásticamente las posibilidades de acceso a la formación contínua, limitando el descanso indispensable y acelerando el deterioro de la calidad de vida de los propios efectores de salud.
Los especialistas advierten que este desgaste repercute directamente en la comunidad, atentando contra la accesibilidad del servicio público.
"La diferenciación salarial y contractual entre profesionales que trabajamos todos los días con padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, urgencias, niñeces, adolescencias, violencias, discapacidad e internaciones, impacta directamente sobre la calidad, continuidad y accesibilidad de la atención que recibe la población", reza textualmente el comunicado.
La manifestación de los equipos técnicos pone en relieve una encrucijada presupuestaria y de gestión. Tras la crisis sanitaria global del COVID-19, las estadísticas de la provincia registraron un salto cuantitativo en las consultas ligadas a la salud mental, detectándose una gran prevalencia de cuadros depresivos complejos en la franja de jóvenes.
Si bien desde el Ejecutivo provincial se ha manifestado la decisión política de robustecer la red asistencial en hospitales y centros de salud, los profesionales de la salud mental advierten que el refuerzo queda incompleto si no se contempla la situación del recurso humano que sostiene el sistema.
Para los profesionales, resulta inadmisible que el área ocupe un lugar de creciente relevancia en el discurso de la agenda pública y presupuestaria mientras el reconocimiento salarial continúe siendo una deuda pendiente con quienes ejecutan efectivamente dichas políticas en el territorio.
La carta pública concluye detallando un pliego de demandas concretas orientadas a subsanar las asimetrías del sector público:
Equidad salarial y contractual real: retribución idéntica por tareas, responsabilidades y funciones equivalentes dentro del sistema sanitario provincial.
Reconocimiento del rol interdisciplinario: valoración efectiva del rol profesional de los equipos de salud mental en el abordaje de problemáticas complejas.
Apertura de canales de diálogo: constitución de instancias serias de negociación con las autoridades para corregir la desigualdad vigente.
Políticas concretas de fortalecimiento: respuestas estructurales para el recurso humano que vayan más allá de los anuncios institucionales.
La representatividad del documento abarca la práctica totalidad de la red sanitaria mendocina. El texto cuenta con el aval del Colegio Profesional de Trabajo Social y el Colegio Profesional de Psicólogas/os, además de los equipos de Salud mental de los principales hospitales públicos: (Gailhac, Pereyra, El Sauce, Lagomaggiore, Central, Lencinas, Notti, Perrupato, Paroissien, Saporiti, Carrillo, Fleming, El Carmen, Schestakow y el servicio del Hospital de Malargüe).
A la par, firman profesionales de más de quince Centros de Atención Primaria (CAPS) y organismos territoriales dependientes de la Dirección de Género y Diversidad, la Dirección General de Escuelas (DGE) mediante la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), entre otros.
La comunidad profesional concluye advirtiendo que defender condiciones laborales dignas no es un reclamo sectorial aislado, sino una condición indispensable para garantizar el derecho de la población de Mendoza a recibir una atención integral, accesible y de calidad. "La Salud Mental no puede seguir siendo una prioridad en los discursos y una deuda en los salarios", cierran.
EN VIVO