El conflicto entre el Gobierno y la vitivinicultura se profundiza tras las críticas de Sturzenegger. La AVM defiende el CIU y recurre a la Justicia.
Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
El conflicto entre el Gobierno nacional y la mayoría de la vitivinicultura argentina volvió a escalar tras el ataque sorpresivo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a los viñateros de Mendoza por ejercer su derecho constitucional de recurrir a la Justicia.
La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), tal como adelantó Sitio Andino esta mañana, difundió un comunicado donde considera que las expresiones del funcionario, difundidas en redes sociales, desvirtúan un debate de fondo y banalizan una problemática que afecta de manera directa a una de las principales economías regionales del país. Los viñateros mendocinos también recibieron hoy un fuerte respaldo del Ministro de la Producción local, Rodolfo Vargas Arizu.
Con tono severo, la AVM manifestó su “profundo malestar y rechazo” frente a la comparación realizada por el ministro entre el accionar de la asociación y situaciones “totalmente ajenas”, vinculadas al fútbol profesional y a disputas institucionales sin relación alguna con la realidad productiva de la vitivinicultura. Para los viñateros, ese paralelismo no solo resulta improcedente, sino que minimiza un conflicto que involucra a miles de productores y trabajadores rurales.
“La comparación no solo resulta desacertada, sino que banaliza una problemática seria que afecta de manera directa a miles de productores, trabajadores rurales y familias que dependen de la actividad vitivinícola”, sostiene el documento. Y agrega una definición que busca marcar distancia con cualquier lectura superficial del sector: “La vitivinicultura no es un espectáculo deportivo, es producción, es desarrollo económico genuino, es fuente de trabajo y es identidad cultural de nuestra querida Argentina”.
El trasfondo del enfrentamiento es la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), cuestionada por la AVM por considerar que introduce un retroceso en materia de seguridad jurídica, trazabilidad y transparencia. Desde la asociación recuerdan que representan a productores primarios de una economía regional que sostiene más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y advierten que los cambios regulatorios impactan de lleno sobre el eslabón más vulnerable de la cadena.
Frente a los señalamientos oficiales que atribuyen la resistencia a intereses sectoriales o a una negativa al cambio, la entidad fue explícita. “Nuestra posición no responde a intereses sectoriales concentrados ni a la resistencia al cambio, como se pretende insinuar”, afirma el comunicado. Por el contrario, la AVM asegura haber expresado de manera reiterada su compromiso con “una vitivinicultura moderna, eficiente y competitiva”, aunque con límites claros: no aceptar que, bajo el argumento de reducir burocracia, se eliminen herramientas consideradas esenciales para la protección del productor primario.
El punto más sensible del debate gira en torno al Comprobante de Ingreso de Uva (CIU). Para los viñateros, se trata de un instrumento clave que no puede quedar librado a la voluntariedad. “El Comprobante de Ingreso de Uva es un trámite necesario e indispensable”, subraya la entidad, al detallar que es el documento que acredita la propiedad de la uva, su procedencia, variedad, añada y condición, y que constituye “la única constancia oficial que respalda al viñatero frente a la entrega de su producción o a la elaboración por cuenta de terceros”.
La eventual pérdida de obligatoriedad del CIU, advierten, deja al productor desprotegido, debilita la trazabilidad desde el viñedo y favorece la falta de transparencia en las relaciones comerciales, con consecuencias negativas para toda la actividad. No se trata, remarcan, de una posición aislada. Según la AVM, esta postura fue consensuada y expresada tanto por las cámaras que representan a los distintos actores del vino argentino como por los gobiernos de las provincias vitivinícolas.
“Habiendo agotado todas las instancias de diálogo en las que todo el país y la industria se lo expresaran”, señala el comunicado, las entidades se vieron obligadas a recurrir a la Justicia. La decisión, aclaran, no persigue otro fin que “ proteger el fundamental derecho de propiedad de los productores primarios y el bien común de toda nuestra vitivinicultura”.
En el cierre, la asociación deja una definición que sintetiza su mirada sobre el debate regulatorio: “No existe una industria más libre que aquella que elige sus propias regulaciones”. Una frase que resume la tensión entre la desregulación impulsada desde el Gobierno y la defensa de reglas consensuadas por parte de un sector que reclama ser escuchado desde su realidad productiva.