El sector vitivinícola impulsa un amparo para frenar la desregulación del INV mientras crece la tensión institucional y la Justicia queda como árbitro final.
La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Todo parece indicar que será la Justicia quien tenga la última palabra sobre la decisión del gobierno nacional de desregular hasta casi desaparecer todas las normativas de control del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para la industria vitivinícola.
Las cámaras e instituciones que se oponen a la desregulación total y a sus formas ya están trabajando en la presentación judicial de una acción de amparo que, al menos, suspenda la entrada en vigencia de la nueva normativa el próximo 1 de enero, a las puertas de la cosecha 2026.
La presentación podría realizarse esta misma semana (ante el escaso margen de tiempo disponible) en los tribunales federales de Mendoza y estaría firmada por la mayoría de las entidades que participaron en la reunión en el INV con Federico Sturzenegger, y podría incluir al Gobierno de San Juan que, en aquella ocasión, al contrario del de Mendoza, se mostró enfático en cuestionar el modo de desregulación en la voz de su Ministro de la Producción.
Mientras tanto, los trabajadores del INV estarían preparando un comunicado que se difundiría en las próximas horas advirtiendo que el proceso de destrucción de las facultades y operaciones del Instituto ya comenzó y se están actualizando los sistemas y organigramas para, a partir del 1 de enero, aplicar los nuevos criterios de control y regulación que pasan a ser casi inexistentes y voluntarios.
La Resolución Nº 37/2025 del Gobierno de Javier Milei, que será cuestionada en la justicia por casi todas las entidades menos Bodegas de Argentina, marcó el inicio de un proceso que reconfigura por completo el rol histórico del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Desde el 1º de enero de 2026, el organismo dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena y concentrará sus funciones exclusivamente en el control del vino embotellado, listo para su comercialización. La medida, presentada por el ministro Federico Sturzenegger como un avance hacia la “modernización” y la simplificación normativa, desató una de las mayores controversias institucionales del sector en las últimas décadas.
La reunión en el Instituto Nacional de Vitivinicultura del sector vitivinícola con Federico Sturzenegger. Ante la falta de respuesta la mayoría de las cámaras y entidades será recurrir a la Justicia
La reforma reduce de manera drástica la intervención del INV. La extensión del control solo al vino final implica la eliminación de alrededor de 5.000 inspecciones presenciales anuales en bodegas. Las certificaciones analíticas pasarán a gestionarse mediante declaraciones juradas digitales, y será obligatorio consignar en las etiquetas el número de Análisis de Libre Circulación y la indicación de sulfitos o dióxido de azufre cuando superen los límites establecidos.
La unificación normativa a través de un Digesto supone la derogación de 973 normas y la eliminación de trámites como la Declaración Jurada semanal de elaboración, los permisos de tránsito y más de 140.000 autorizaciones anuales que regulaban el movimiento de productos. También deja de ser obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), pieza histórica en la acreditación de titularidad del productor.