La Justicia Federal hizo lugar al amparo presentado por la Coviar, suspendió una resolución de Agricultura y ratificó la vigencia de la Ley 25.849.
La Justicia frenó una resolución del Gobierno y ratificó la vigencia del Plan Estratégico Vitivinícola
Foto: Cristian LozanoLa Justicia Federal hizo lugar al recurso de amparo presentado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y ordenó la continuidad del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), dado que una resolución administrativa no puede modificar una ley sancionada por el Congreso Nacional.
El fallo, firmado por el juez federal Pablo Quirós, suspendió los efectos de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, una medida impulsada por el gobierno nacional que había eliminado los aportes obligatorios destinados a financiar gran parte del funcionamiento de la entidad.
Según publicó el sitio especializado Alterrados, de esta manera la Justicia ratificó la vigencia de la Ley 25.849, norma que estableció el marco legal para la ejecución del PEVI, una herramienta que desde hace más de dos décadas coordina acciones entre productores, cooperativas, bodegas, y otros actores vinculados al sector.
La decisión judicial se suma a una serie de cuestionamientos sobre algunas medidas de desregulación impulsadas por la administración nacional, especialmente aquellas promovidas desde el área que conduce el ministro Federico Sturzenegger. El argumento central del fallo es que una ley no puede ser modificada ni dejada sin efecto mediante una resolución administrativa o un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente a través de otra ley aprobada por el Congreso.
En ese sentido, uno de los puntos centrales del amparo presentado por Coviar fue precisamente la incompatibilidad jurídica entre una norma de rango legal y una resolución emitida por la Secretaría de Agricultura. La Resolución 55/2026 y eliminaba el sistema de contribuciones obligatorias que sostienen buena parte de las actividades de la Coviar.
Además de declarar la invalidez de la resolución cuestionada respecto de sus efectos sobre la ley vigente, el Juez ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que intime a los establecimientos vitivinícolas que no estén cumpliendo con el pago de la contribución obligatoria prevista por la legislación.
La medida implica que las bodegas deberán continuar realizando los aportes establecidos por la Ley 25.849, mientras se mantenga vigente el fallo judicial. La decisión representa un respaldo a la estructura creada por el Congreso para conducir la planificación estratégica del sector y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los alcances de las políticas de desregulación impulsadas por el gobierno nacional.
A inicios de mayo, la Coviar manifestó su postura frente a la decisión del gobierno nacional sobre el PEVI: "Lamentamos profundamente la decisión adoptada por la Secretaría de Agricultura de la Nación porque se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos, entendiendo que la misma excede las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley".
Además, indicaba que: "Manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina".
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