El gobierno tuvo el primer revés en la Reforma Laboral. Advertencias sobre despidos más baratos, menor protección social y un impacto regresivo en el empleo.
Patricia Bullrich debió postergar el envió de la Reforma Laboral al pleno del Senado.
El Gobierno debió ayer dar un paso atrás en su ímpetu por imponer el tratamiento de la reforma laboral impulsada bajo el rótulo de “modernización” y postergar hasta por lo menos febrero en medio de un debate que toma trascendencia, con una calle que comienza a movilizarse, como quedó demostrado ayer en diversos puntos del país.
El debate de fondo -que el Gobierno pretende enmascarar con una ley tipo ómnibus que incluye cientos de ítems que nada tienen que ver con la actividad laboral- reabre un debate estructural en la Argentina: hasta qué punto la flexibilización normativa es una herramienta eficaz para crear empleo y cuál es su verdadero impacto distributivo.
El análisis del Instituto Argentina Grande (IAG) cuestiona de manera integral los fundamentos y las consecuencias del proyecto, al que define como una reforma regresiva que, lejos de dinamizar el mercado de trabajo, abarata el despido, debilita la negociación colectiva y transfiere recursos del sector público al privado.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación de los aportes patronales para nuevas contrataciones. La propuesta unifica las alícuotas y reduce los aportes al 5 % para todos los empleadores durante los primeros 48 meses, sin distinguir tamaño ni facturación. En los hechos, el esquema elimina la diferenciación previa que favorecía a las pequeñas y medianas empresas y termina beneficiando de manera desproporcionada a las grandes compañías, que pasan a tributar muy por debajo de lo que lo hacían hasta ahora. Para el IAG, esta homogeneización implica una transferencia regresiva, ya que las firmas de mayor escala cuentan con mayor capacidad financiera para absorber los costos laborales.
El mismo sesgo aparece en el nuevo criterio para el cálculo de indemnizaciones y aportes. El proyecto excluye de la base salarial los denominados “beneficios sociales” y los componentes variables o en especie —como medicina prepaga, viáticos o almuerzos— que suelen formar parte del esquema de remuneraciones en grandes empresas. Al no computarse ni para aportes a la seguridad social ni para indemnizaciones, estos conceptos pueden ser retirados unilateralmente, reduciendo el salario efectivo y la protección ante el despido, al tiempo que se disminuyen los ingresos del sistema previsional.
El esquema es reforzado con la posibilidad que se abre a los empleadores de abonar hasta un 30 por ciento del salario en distintos tipos de ticket, bajando así los montos computables para futuras indemnizaciones.
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) constituye otro punto crítico. El mecanismo establece un aporte mensual obligatorio del 3 % del salario bruto destinado a cubrir futuras indemnizaciones, compensado con una reducción equivalente de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según el informe, el esquema resulta especialmente rentable para empresas con alta rotación de personal, mientras que penaliza a aquellas con relaciones laborales más estables, típicamente las PYMES. Además, el costo fiscal recae sobre el Tesoro, que deberá cubrir el déficit previsional generado por la caída de aportes, subsidiando indirectamente los despidos tanto de pequeñas como de grandes empresas.
En materia de organización del trabajo, la reforma avanza sobre pilares históricos del derecho laboral. La habilitación de convenios colectivos por empresa con primacía sobre los convenios de actividad rompe el principio de norma más favorable al trabajador y fragmenta la negociación colectiva. A ello se suma el fin parcial de la ultraactividad y la flexibilización para crear sindicatos por empresa, lo que, según el IAG, debilita el poder de negociación sindical y profundiza las desigualdades dentro de una misma rama de actividad.
Las restricciones al derecho de huelga y a las asambleas refuerzan este diagnóstico. La ampliación de la categoría de servicios esenciales y la creación de los llamados “servicios trascendentales”, junto con la conformación de una comisión con amplias facultades para incorporar nuevas actividades, eleva del 7 % al 43 % la proporción de trabajadores con el derecho de huelga severamente limitado. El informe advierte que se trata de un cambio estructural que altera el equilibrio entre capital y trabajo en favor de los empleadores.
El impacto social de la reforma también se manifiesta en la vida familiar. El fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de implementar bancos de horas en reemplazo del pago de horas extras y la eliminación de garantías mínimas de descanso entre jornadas introducen una mayor imprevisibilidad en los ingresos y en la organización del tiempo. Para el IAG, estas disposiciones configuran una reforma “antifamilia”, que desatiende la conciliación entre trabajo y vida personal.
Un capítulo particularmente sensible es el referido al trabajo en plataformas digitales. La figura de los “prestadores independientes” niega explícitamente la relación laboral, exime a las empresas de garantizar ingresos mínimos y traslada al trabajador la carga previsional. A diferencia de otras regulaciones regionales, el proyecto carece de exigencias claras de transparencia algorítmica y consolida, según el informe, el peor marco regulatorio de la región para este tipo de empleo.
En sus consideraciones finales, el IAG cuestiona el supuesto central de la reforma: que la reducción de costos laborales genera automáticamente más empleo. La evidencia histórica argentina muestra que los períodos de mayor creación de trabajo registrado coincidieron con esquemas de mayor protección, incluso con doble indemnización. En el contexto actual, caracterizado por crecimiento concentrado en sectores de baja intensidad laboral y una caída acumulada de más de 150.000 puestos privados registrados, la reforma aparece como pro-cíclica: abarata el despido en recesión, profundiza el desempleo y debilita el consumo.
Lejos de una modernización inclusiva, el informe concluye que el proyecto redefine el mercado de trabajo en favor de los grandes empleadores, compromete la sostenibilidad del sistema previsional y no ofrece respuestas eficaces al problema central del empleo.