El proyecto de reforma laboral abre el debate en los sindicatos. El sector bancario mendocino analizó los principales ejes del proyecto.
La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional
El Gobierno nacional avanza con determinación en su proyecto de reforma laboral, una iniciativa que ya genera debate en distintos ámbitos políticos, sociales y sindicales. Para conocer la mirada de referentes provinciales, Sitio Andino dialogó con Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria - Seccional Mendoza.
El dirigente sostuvo que la reforma apunta a flexibilizar las relaciones laborales y cuestionó ejes centrales del proyecto, como el banco de horas y el régimen de licencias. Además, se refirió al impacto del proyecto sobre el rol de los sindicatos.
Varios de los cambios propuestos se plantean bajo la lógica de la negociación individual entre trabajador y empleador. Al respecto, Giménez advirtió: “Los trabajadores sabemos que estamos en una posición desventajosa con relación al empleador”.
El referente gremial también cuestionó las exenciones impositivas incluidas en el proyecto y puso en duda su vínculo con una reforma laboral orientada a generar empleo. En particular, señaló que la reducción del aporte patronal del 1% a las obras sociales impactará directamente en la salud de los trabajadores. “Si tenés una prepaga, el 1% que no te aporta el empleador lo vas a tener que poner vos”, explicó.
En cuanto al banco de horas, Giménez sostuvo que, además de eliminar el ingreso extra que representan las horas extras, la medida “genera una situación de no poder programar tus tiempos como persona y como familia”.
Otro de los puntos que el dirigente remarcó fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que las empresas deberán constituir para cubrir indemnizaciones por despido. Según el esquema propuesto, el empleador aportará mensualmente el 3% del salario bruto a una cuenta administrada por entidades financieras reguladas por el Estado.
Ese aporte reemplazará una parte de la contribución al SIPA, el sistema jubilatorio. “Lo que antes iba a financiar las jubilaciones ahora se desvía a un fondo para los despidos”, cuestionó Giménez, quien alertó que el cambio podría generar “un bache de entre 1.700 y 1.800 millones de dólares anuales”, en un contexto de fuerte deterioro salarial de jubilados.
Giménez también denunció lo que definió como un ataque a las organizaciones sindicales, al cuestionar la eliminación de la obligatoriedad del empleador como agente de retención de la cuota sindical. Mientras la legislación vigente establece que los empleadores “estarán obligados”, el nuevo texto señala que “podrán” hacerlo.
“Habilitan la posibilidad de que las casas de crédito o los bancos hagan las deducciones, pero le quitan esa obligación al empleador. Es un ataque claro a la organización sindical”, sostuvo. Y aclaró: “Las afiliaciones no son compulsivas, son voluntarias”.
Por último, el dirigente afirmó que el problema central no está en la normativa laboral sino en la situación económica y el alto nivel de empleo no registrado. “Entre 2003 y 2015 se generaron más de cuatro millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado. Era la economía: si hay expectativa de venta, el empleador va a contratar y la fábrica se va a optimizar”, concluyó.