El presidente Javier Milei abrió la última reunión de gabinete, minutos después del Tedeum del 25 de mayo, repartiendo entre sus ministros ejemplares de La teoría del caos, del economista estadounidense Robert P. Murphy.
7 de junio de 2026
Javier Milei impulsa reformas para reemplazar funciones del Estado por seguros privados, desregular mercados y crear corporaciones de Inteligencia Artificial.
Javier Milei, el agitador de una reforma que solo se puede leer en libros .
El presidente Javier Milei abrió la última reunión de gabinete, minutos después del Tedeum del 25 de mayo, repartiendo entre sus ministros ejemplares de La teoría del caos, del economista estadounidense Robert P. Murphy.
El libro postula la viabilidad de una sociedad anarcocapitalista en la que actores privados, organizados bajo un sistema de seguros competitivos, reemplazarían al Estado en funciones tan esenciales como la justicia, la seguridad y la defensa nacional, todo lo contrario a lo que simboliza en la historia patria el 25 de Mayo.
El reparto del libro al gabinete poco tuvo de gesto simbólico, y más de presentación doctrinaria de un paquete de reformas que el gobierno se dispone a impulsar en el Congreso. Lo que no aclaró Milei es que ese modelo nunca ha sido aplicado en ninguna economía real y que permanece, hasta hoy, en el plano de la especulación teórica dentro de la corriente de la escuela austríaca de economía, a la que adscribe casi con lealtad religiosa el presidente.
En una entrevista posterior en Radio Mitre, el presidente confirmó que de esa reunión surgió la hoja de ruta de lo que denominó “la revolución de los seguros”. El responsable de traducir esa visión en articulado legislativo será el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Eso fue lo que después presentó el doctor Sturzenegger, y es uno de los paquetes de leyes que se viene ahora”, afirmó Milei.
La propuesta no carece de coherencia interna, pero sí de antecedentes empíricos. Ante el Latam Economic Forum, Milei explicó su premisa central: “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”. Citó como ejemplos ya en marcha la medicina prepaga, la seguridad privada y la educación privada. La tesis es que décadas de prestaciones estatales deficientes han empujado a los ciudadanos hacia el mercado privado de manera espontánea, la reforma buscaría institucionalizar ese desplazamiento y profundizarlo.
Lo que el argumento omite es que los países con mayor desarrollo humano y mejores indicadores de bienestar, los nórdicos, Alemania, Canadá y Japón, combinan mercados privados robustos, pero también subsidiados, con sistemas públicos universales, precisamente como mecanismo de corrección de las fallas del mercado en bienes esenciales. La privatización total de la seguridad o la justicia no existe en ninguna democracia consolidada, y los experimentos más cercanos, como la privatización de prisiones en Estados Unidos, han acumulado un historial ampliamente documentado de abusos, ineficiencias y conflictos de interés estructurales.
En la visión del Presidente, el Estado funciona actualmente como “un administrador monopólico de coberturas defectuosas”. Según él, la evidencia fue la pandemia del Covid: “Pagamos un seguro, pagamos una prima muy cara, y al momento de enfrentar el siniestro, el proveedor del seguro falló”.
Envalentonado tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la denominada ley Hojarasca, su proyecto bandera después de dos años de gestión, Sturzenegger prepara iniciativas en cuatro áreas: transporte fluvial, mercado inmobiliario, seguros e inteligencia artificial. El gobierno prevé debatir este paquete durante el Mundial, período en que la atención pública suele distenderse. La elección del momento no es un detalle menor: reformas de este alcance estructural se impulsarían en la ventana de menor escrutinio ciudadano del año.
En materia de navegación, el ministro apunta a modificar el decreto ley 19.492 de Cabotaje, que reserva la navegación entre puertos argentinos para embarcaciones de bandera nacional con tripulaciones locales. Sturzenegger sostiene que liberar esa actividad reduciría los costos logísticos entre ocho y quince puntos porcentuales. “Es absurdo poner 300 camiones a quemar gasoil desde Salta hasta Rosario pudiendo cargar en barcazas en el Chaco a un costo mucho más accesible”, argumentó. El razonamiento logístico tiene mérito técnico, sin embargo, la reforma implica que las tripulaciones extranjeras quedarían fuera del alcance de los convenios colectivos de trabajo nacionales, lo que abre una vía de competencia laboral a la baja cuyo impacto social el gobierno no ha cuantificado públicamente.
La desregulación del mercado inmobiliario está más avanzada. El proyecto propone eliminar la matriculación obligatoria de corredores, los honorarios mínimos regulados y las barreras de entrada al sector. Para ejercer como corredor inmobiliario bastaría con ser mayor de edad, sin título universitario. El modelo explícito es el de la cadena multinacional de logo azul y rojo, una franquicia cuyo funcionamiento en países con mercados inmobiliarios más transparentes y sistemas registrales más robustos que el argentino no garantiza resultados equivalentes en el contexto local. La desregulación de comisiones, además, tiende a perjudicar a los actores más débiles de la transacción, los compradores y los pequeños propietarios, en mercados con información asimétrica.
En cuanto al sector asegurador propiamente dicho, el gobierno mantiene reserva sobre los detalles, aunque señala que el objetivo central es la apertura a compañías extranjeras. Esa perspectiva ya generó tensiones internas en el rubro y plantea interrogantes sobre la capacidad regulatoria del Estado para supervisar un mercado más complejo sin haber fortalecido previamente los organismos de control.
El proyecto más disruptivo, y el más cuestionado por juristas y especialistas en tecnología, es la creación de un régimen para “corporaciones no humanas”, entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots, capaces de tomar decisiones de manera autónoma, sin necesidad de personas físicas como integrantes. Sturzenegger aspira a que Argentina se convierta en una jurisdicción de referencia para estas estructuras. “Podríamos tener 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA incorporados aquí, produciendo para el mundo y pagando impuestos en nuestro país”, sostuvo.
La comparación con Irlanda y Apple es, en este punto, más reveladora de lo que el ministro pretende: el modelo irlandés fue durante décadas señalado por la Unión Europea y la OCDE como un esquema de competencia fiscal desleal que erosionó las bases imponibles de otros países. Que Argentina aspire a replicarlo sugiere menos una visión de desarrollo tecnológico genuino que una apuesta por convertirse en un refugio regulatorio y fiscal para capitales que buscan eludir marcos normativos más exigentes.
En una columna publicada en el Financial Times, el jueves último, Milei desarrolló el fundamento histórico de la iniciativa. Remontándose a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, argumentó que la responsabilidad limitada fue la innovación jurídica que permitió desplegar el capital con verdadera fuerza. La analogía tiene atractivo retórico, pero encierra una asimetría importante: la responsabilidad limitada del siglo XVII surgió en el marco de Estados que simultáneamente construían sistemas judiciales, registros de propiedad y normas contractuales. Milei propone el beneficio jurídico sin el andamiaje institucional que históricamente lo hizo viable.
Milei reconoció que la implementación deberá ser gradual. “No se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo. Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”, advirtió. La admisión es significativa: el propio presidente reconoce los riesgos de una transición abrupta hacia un modelo que, en su forma más acabada, no registra antecedentes de funcionamiento en ninguna economía moderna.
El conjunto de reformas configura el intento más ambicioso y más ideológicamente consistente del gobierno libertario por redefinir el vínculo entre el Estado y los ciudadanos, no como una relación de derechos y obligaciones colectivas, sino como un sistema de contratos privados de cobertura. La pregunta que la política argentina deberá responder en los próximos meses no es si ese modelo es teóricamente factible, sino si un país con las fragilidades institucionales, la desigualdad estructural y la historia de volatilidad económica de Argentina puede convertirse en el laboratorio mundial de un experimento que ninguna otra nación ha querido intentar, ni mucho menos aplicar.
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