Provincias y entidades vitivinícolas alertan a Luis Caputo que a desregulación del INV pone en riesgo la trazabilidad, calidad y propiedad del vino argentino.
Las provincias y entidades vitivinicolas reclaman a Luis Caputo cambios en la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura
La pelea por las desregulaciones en las normativas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sigue acumulando capítulos. Ahora le llegó el cartero a Luis Caputo. La enorme mayoría de las entidades y asociaciones vitivinícolas junto a los ministros de la Producción y Economía de las provincias vitivinícolas le expresaron al ministro su preocupación por la destrucción de la trazabilidad vitivinícola que garantiza la calidad del vino argentino.
La misiva, rubricada por los ministros de Producción de las provincias productoras y las entidades más representativas de la industria, advierte que el desmantelamiento de los sistemas de control vigentes amenaza la transparencia y la trazabilidad de una cadena de valor estratégica para el país y, además, profundiza la interna en la industria madre dejando en soledad a Bodegas de Argentina, junto al ministro Federico Sturzenegger y las decisiones del gobierno libertario.
El Gobierno de Mendoza tampoco firmó la misiva justificándose en que ya había enviado una en soledad al ministro nacional donde solo reclama por el CIU con argumentos similares.
El documento enviado al Ministerio de Economía no rechaza de plano la intención oficial de simplificar trámites. Los firmantes manifiestan su apoyo a las reformas que busquen la eficacia, desburocratización y agilización en la fiscalización. Sin embargo, establecen una condición sine qua non: cualquier modificación debe garantizar la genuinidad de los productos y respetar los derechos de propiedad de todos los actores de la cadena. La preocupación central radica en que la normativa reciente, al desregular el Digesto del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), impacta negativamente en la capacidad de reconstruir el recorrido de la uva desde el viñedo hasta la copa.
Como desde el primer día, el nudo del conflicto reside en la eliminación o flexibilización de dos instrumentos que la industria considera “históricos y estructurales”: la Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05). Que constituyen el resguardo de la genuinidad, propiedad y cualidad del vino que se envasa y llega al consumidor.
Las entidades y provincias firmantes aseguran que el CIU es la piedra angular del ordenamiento de la producción primaria y única constancia fehaciente con reconocimiento bilateral que certifica el ingreso real de la materia prima a la bodega, detallando variables críticas como el peso y la variedad. Sin la obligatoriedad de la CIU, los productores primarios perderían la herramienta fundamental para acreditar la propiedad efectiva de su materia prima, quedando expuestos a una vulnerabilidad comercial inaceptable. Pero además la declaración de origen de las uvas permite garantizar la trazabilidad y controlar que la proveniencia de las uvas sea efectivamente del lugar que dice la botella. Como expresó un integrante de una de las entidades firmantes: “O paramos esto o el año que viene todos los vinos van a ser de Gualtallary”.
Complementariamente, la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05) y su Anexo de Terceros otorgan validez administrativa a lo declarado en el ingreso, registrando los volúmenes elaborados y las titularidades. Su función es vital para evitar conflictos entre bodegueros y viñateros, asegurando la disponibilidad del vino y respaldando documentalmente los derechos de propiedad. La eliminación de estos registros, sostienen los firmantes, “fragmenta la trazabilidad y genera incertidumbre”.
La nota lleva las firmas de los ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Chubut y La Pampa. Esta cohesión territorial demuestra que la preocupación excede a la región de Cuyo y abarca a la totalidad de la geografía vitivinícola nacional.
A este bloque institucional se suma el peso del sector privado. Entidades de peso como la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), presidida por José Alberto Zuccardi, y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), representada por Fabián Ruggeri, suscriben el documento. También acompañan la Federación de Cámaras Vitícolas, la Cámara de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado (CAFEM), y diversas cámaras de San Juan y Mendoza, incluyendo a los productores de vino a granel y a los viñateros independientes.
Según detalla el texto, la capacidad de certificar el origen y el proceso es indispensable para “garantizar la calidad, autenticidad y genuinidad” del vino argentino. En un mercado global cada vez más exigente, perder los estándares internacionales de control podría significar un retroceso en el posicionamiento de la marca país.
Además, se destaca el valor de la integridad estadística del INV. La información recabada a través de estos formularios es una herramienta estratégica insustituible tanto para la toma de decisiones públicas como para las inversiones privadas. Desmantelar esta estructura de datos implicaría navegar a ciegas en un sector que requiere de alta precisión técnica y comercial.
Mientras desde las entidades confirmaron que el lunes se presentará el recurso ante la Justicia Federal, la pelota está ahora en el campo del Ministerio de Economía, que deberá decidir si avanza con la desregulación y destrucción del sistema de trazabilidad y control de la vitivinicultura o si atiende el reclamo unánime de una de las industrias más dinámicas y organizadas del país.