El Gobierno lanza un módulo digital en CONTRAT.AR para agilizar y transparentar las privatizaciones de empresas estatales incluidas en la Ley Bases.
El Gobierno nacional incorporó un nuevo módulo digital al sistema CONTRAT.AR para administrar procesos de licitación y concurso vinculados a la privatización de empresas estatales. La herramienta busca unificar criterios, acortar plazos y garantizar la transparencia en las operaciones.
La herramienta, que ya fuera adelantada por Sitio Andino, fue oficializada este lunes mediante la Disposición 29/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada en el Boletín Oficial. El módulo, denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, permitirá ejecutar de forma totalmente electrónica operaciones como la venta de activos y acciones, la transferencia de cuotas de capital social, la enajenación de establecimientos productivos, así como el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.
El sistema incorpora procedimientos estandarizados para la presentación de documentación, entre ellos actas y declaraciones juradas, con el objetivo de acreditar la habilitación legal de los oferentes para contratar con el Estado. Las autoridades remarcaron que quienes ya se encuentren registrados como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar sin necesidad de reinscribirse, mientras que los nuevos interesados deberán registrarse como usuarios externos y validar su identidad según las normas.
La ONC precisó que se aplicarán las políticas, términos y condiciones de uso vigentes en CONTRAT.AR, aprobadas por la Resolución 197/17 del entonces Ministerio de Modernización y sus modificatorias. Además, el nuevo módulo integra el procedimiento de inscripción para concesiones de obras e infraestructura pública y servicios públicos ya establecido en 2024, de manera que ambas vías queden articuladas bajo un mismo entorno digital.
El marco legal de esta herramienta está vinculado con el programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei tras la aprobación de la Ley Bases. Dicho plan contempla la venta total de ocho empresas públicas y la privatización parcial de otras dos. Las compañías incluidas en la primera categoría son Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE (Trenes Argentinos). En la segunda, figuran Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Según datos oficiales, el conjunto de estas firmas presentó en el primer trimestre de 2025 un resultado financiero dispar. Corredores Viales registró un superávit de 5.200 millones de pesos; Intercargo, de 5.736 millones; y Nucleoeléctrica Argentina, de 17.234 millones, aunque este último implicó una fuerte caída respecto de los 142.000 millones de igual período de 2024. Por el contrario, Enarsa cerró con un déficit de 34.897 millones, Trenes Argentinos con 44.600 millones y AySA, Belgrano Cargas y YCRT también reportaron saldos negativos.
El Ministerio de Economía informó que, en conjunto, las 33 empresas públicas no financieras mostraron en el primer trimestre un superávit de 7.093 millones de pesos, lo que supone una mejora interanual de 149.381,2 millones. No obstante, el Ejecutivo mantiene su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de presentar en noviembre una hoja de ruta detallada sobre el proceso de privatización y concesión de las empresas incluidas en el plan.
Desde Economía, se destacó que la implementación del módulo “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696” busca no solo agilizar los tiempos administrativos, sino también dotar de mayor seguridad jurídica y trazabilidad a cada operación. La gestión completamente digital, explicaron, permite un seguimiento integral desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación final, con registros electrónicos accesibles para organismos de control y partes interesadas.
La disposición establece que la medida entrará en vigencia este martes 12 de agosto, a partir de lo cual las operaciones de venta, concesión o transferencia de activos públicos deberán canalizarse por el nuevo entorno digital, salvo en los casos expresamente exceptuados por la normativa. Con este paso, el Gobierno avanza en la etapa operativa de su política de privatizaciones, integrando las herramientas tecnológicas al proceso de reforma estructural que pretende llevar adelante durante el resto del año.
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