El anuncio del marco de negociación entre Argentina y Estados Unidos abre el debate por las asimetrías y los riesgos para la industria y la producción.
La relación entre el persidente de Argentina y Donald Trump se consolida con el anuncio.
La divulgación por parte de Estados Unidos, en forma unilateral y sorpresiva, el último jueves, del Framework for a United States-Argentina Agreement on Reciprocal Trade and Investment reinstaló en la agenda nacional un debate que combina cuestiones económicas, institucionales y geopolíticas.
El documento se presenta como un paso inicial hacia un acuerdo comercial recíproco, su contenido ha despertado inquietudes en distintos sectores del aparato productivo y entre especialistas en comercio exterior. La razón principal: la marcada asimetría entre las obligaciones asumidas por Argentina y la escasa definición de beneficios concretos provenientes de Estados Unidos.
El marco no constituye un tratado ni un acuerdo firmado. Es, en rigor, una declaración unilateral con lineamientos generales de aquello que, eventualmente, podría negociarse. Sin embargo, el texto difundido por Washington -idéntico en su estructura a los presentados simultáneamente para El Salvador, Ecuador y Guatemala- detalla compromisos que recaerían casi en su totalidad sobre Argentina. Este diseño general, sumado a la ausencia de precisiones por parte del gobierno argentino, alimenta interrogantes sobre los impactos económicos y la viabilidad institucional de avanzar en un entendimiento de este tipo.
El documento difundido por la Casa Blanca describe una serie de concesiones que Argentina aceptaría en materia de apertura comercial, certificaciones sanitarias y técnicas, normas regulatorias y acceso a sectores sensibles. Entre ellas figuran la homologación de vehículos a estándares federales estadounidenses, la aceptación de certificaciones de la Food and Drug Administration, la apertura a ganado vivo, aves, lácteos y productos porcinos, y la eliminación progresiva de la tasa de estadística para importaciones estadounidenses.
En contraste, las ventajas que Estados Unidos otorgaría son presentadas en términos generales, sin compromisos verificables. La noción de “reciprocidad” -inscripta en el título del documento- aparece, por el momento, como una expresión política más que como un principio operativo. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su análisis preliminar, señala que el marco resulta “marcadamente desbalanceado”, con obligaciones concretas y verificables para Argentina frente a promesas abiertas del lado estadounidense.
El canciller de Argentina Pablo Quirno y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la Casa Blanca el día del anuncio del marco.
Los datos actuales del comercio bilateral, analizados por el CEPA, permiten contextualizar la sensibilidad del tema. Entre enero y septiembre de 2025, Argentina registró un superávit moderado de 360 millones de dólares en su intercambio con Estados Unidos. Las exportaciones totalizaron 5.556 millones de dólares, mientras las importaciones ascendieron a 5.197 millones de dólares. Este saldo favorable -inusual en la relación bilateral- resulta de factores coyunturales: una caída del 60,8% en las compras de combustibles y lubricantes, y un salto del 128,7% en exportaciones de petróleo crudo.
La composición del comercio revela una matriz poco equilibrada. Del lado argentino, el 76,9% de las exportaciones se concentra en productos primarios o escasamente elaborados: petróleo y gas, metales comunes y alimentos. En sentido inverso, más del 53% de las importaciones desde Estados Unidos corresponde a químicos, maquinaria y equipos, y refinados del petróleo, insumos esenciales para la industria local y de competitividad limitada en el mercado interno.
En este contexto, un acuerdo que profundice la apertura unilateral de bienes industriales -como insumos farmacéuticos, maquinaria o vehículos- podría acentuar los déficits históricos en sectores manufactureros, especialmente en ramas donde Estados Unidos es proveedor dominante.
El informe del CEPA destaca que el único punto donde podría emerger un beneficio tangible para Argentina es el eventual aumento del cupo de carne bovina. La posibilidad de expandir la cuota desde 20.000 hasta 80.000 toneladas fue mencionada en discursos oficiales, aunque el documento estadounidense evita confirmar cifras.
La Secretaría de Agricultura estadounidense ya anticipó su prioridad de proteger a los productores locales e hizo referencia a preocupaciones sanitarias, especialmente vinculadas a la fiebre aftosa. En caso de concretarse la ampliación del cupo, quedarían preguntas abiertas: si la medida sería permanente o transitoria, qué trámites regulatorios requeriría y, centralmente, si Argentina dispone de suficiente capacidad de oferta sin presionar los precios del mercado interno.
La carne vacuna atraviesa, además, un proceso de encarecimiento relativo respecto de proteínas alternativas, fenómeno que replica tendencias internacionales. Un salto en las exportaciones podría añadir tensiones en un contexto donde el consumo interno viene cediendo ante la inflación alimentaria.
Uno de los puntos más sensibles del marco es la aceptación de normas técnicas y certificaciones emitidas por agencias estadounidenses. Este mecanismo, frecuente en acuerdos de cooperación regulatoria, implicaría en los hechos una cesión parcial de la soberanía normativa que hoy ejercen organismos nacionales como SENASA, ANMAT o INTI.
Las implicancias son doblemente relevantes. Por un lado, Argentina perdería capacidad para definir criterios de seguridad, calidad o sanidad ajustados a su estructura productiva. Por otro, modificar o revertir esas delegaciones una vez inscriptas en un acuerdo internacional sería jurídicamente complejo y políticamente costoso. A su vez, surgiría un conflicto latente con compromisos preexistentes del Mercosur, donde los estándares regionales son objeto de coordinación permanente.
El documento también menciona capítulos sobre minerales críticos, propiedad intelectual, empresas estatales y seguridad económica, todos ejes alineados con las prioridades estratégicas de Washington en su competencia global con China.
El control sobre recursos como el litio o el uranio se ha convertido en una prioridad para la política industrial norteamericana. Para Argentina, que atraviesa un ciclo de expansión acelerada del litio, la posibilidad de comprometer su política de agregación de valor o de participación provincial en proyectos extractivos comienza a ser un punto de fricción creciente.
Más allá de lo económico, el marco divulgado reaviva el debate sobre las competencias del Congreso en materia de aduanas, tratados internacionales y comercio exterior. CEPA y diversos especialistas han subrayado la opacidad del proceso, en particular la ausencia de información detallada por parte del Ejecutivo y la posibilidad de que decisiones con impacto constitucional se tomen por vía administrativa.
El Parlamento deberá intervenir en cualquier acuerdo formal que surja de estas negociaciones. La magnitud de los compromisos involucrados -desde políticas sanitarias hasta minerales estratégicos- exige un debate público amplio y transparente.
El marco propuesto no es, en sí mismo, un acuerdo. Es el inicio de un proceso que podría abrir oportunidades en sectores específicos, como la carne bovina, pero que presenta riesgos significativos para la industria, la estructura comercial y la soberanía regulatoria de la Argentina.
Las próximas etapas estarán marcadas por tres preguntas fundamentales: qué reciprocidad efectiva está dispuesto a ofrecer Estados Unidos, cuál será el costo para la producción y el empleo local, y qué rol cumplirá el Congreso en la validación democrática de cualquier compromiso internacional. Responderlas determinará si el entendimiento proyectado se convierte en una plataforma de integración genuina o en un punto de inflexión con consecuencias estructurales para la economía argentina.