El proyecto para modificar la Ley 9070 generó alerta. El autor lo defiende. Actores políticos, técnicos y sociales advierten riesgos y piden una discusión más profunda.
Polémica por un proyecto oficialista que limita el acceso a la información pública.
Fotomontaje: Medios AndinosUn proyecto para modificar la Ley 9070 de Acceso a la Información Pública (AIP), presentado por un legislador oficialista post elecciones de octubre y al filo del cierre del periodo ordinario de sesiones, generó una fuerte polémica. La iniciativa despertó cuestionamientos y abrió el debate sobre si corresponde actualizar la norma que regula la transparencia y el control ciudadano sobre los organismos del Estado provincial.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), dirigentes políticos y diversos actores sociales advierten un riesgo de retroceso institucional si se avanza con la reforma. En contraste, el autor del proyecto, el diputado radical César Cattáneo, rechaza esa interpretación y sostiene que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica y establecer un equilibrio entre el derecho de acceso y la eficiencia del Estado.
Consultado por Sitio Andino, Cattáneo afirmó que la propuesta todavía no inició su tratamiento en comisiones y aún no hay fecha para que ese paso se concrete.
No obstante, señaló que está abierto a introducir modificaciones, ya que se presentó como una “base para abrir la discusión”, para luego "corregir, agregar y quitar lo que haga falta".
César Cattáneo, autor del proyecto que busca modificar la Ley de Acceso a la Información Pública de Mendoza.
El legislador oriundo de Godoy Cruz argumentó que su iniciativa incorpora ajustes normativos que "agilizan trámites, delimitan excepciones con mayor claridad y evitan abusos" en los pedidos ciudadanos.
Si bien el texto lleva su firma, en la oposición sospechan que el Gobierno está detrás de su presentación. Cattáneo reconoció que hubo "consultas pertinentes" con el Ejecutivo provincial, aunque insistió en que el objetivo es que funcione como puntapié inicial para debatir la actualización de la Ley sancionada en 2018, durante el primer mandato de Alfredo Cornejo.
La iniciativa parlamentaria plantea modificaciones a puntos centrales de la Ley 9070. Entre los artículos que generan debate se encuentran:
La redefinición de “información pública”: que excluye expresamente deliberaciones internas, papeles de trabajo y documentos preparatorios. Esto reduciría el universo de información que hoy se puede solicitar.
La obligación de justificar el pedido: cuando la ley vigente (sustentada en la Ley Nacional de AIP Nº27.275) garantiza que no es necesario explicar los motivos. En ese punto se afecta el derecho ciudadano y se contrapone con la normativa federal.
Nuevas causales de rechazo: como pedidos “domésticos y banales”, solicitudes reiterativas y exigencia del “principio de buena fe”. Aquí se advierten conceptos ambigüos que habilitarían la discrecionalidad de los organismos a la hora de responder un pedido.
Más requisitos formales para ONG y personas jurídicas: incluyendo documentación legalizada para acreditar representación, lo que agrega burocracia y podría desincentivar el uso del derecho.
El proyecto ingresó a Diputados previo al cierre del periodo ordinario de sesiones, por lo tanto puede ser tratado en extraordinarias.
La Fundación Nuestra Mendoza, una de las organizaciones que participó en la redacción de la Ley 9070, expresó su oposición al proyecto. Su presidente, Facundo Heras, señaló que “nos tomó por sorpresa, nunca imaginamos que podía salir un proyecto de este tipo” y que la iniciativa “va en camino contrario a lo que se está haciendo a nivel internacional”.
Heras señaló en Aconcagua Radio que el texto “acota” la definición de información pública y plantea que quien la solicita debe justificarlo, cuando “el AIP es un derecho universal que no depende de para qué la queremos”.
Advirtió que la propuesta incorpora “mayores posibilidades de discrecionalidad” y nuevas causales de rechazo ambiguas. A su juicio, la prioridad debería ser mejorar el cumplimiento de la ley vigente y fortalecer la transparencia activa, antes que “poner el foco en cómo usa el ciudadano su derecho”.
Otro de los "padres" de la Ley de AIP en Mendoza es el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, quien era subsecretario de Gestión Pública y Modernización cuando se sancionó la norma. “La trabajamos con distintos actores de la sociedad civil. Fue un gran avance institucional”, recordó ante la consulta de este medio.
En ese sentido, remarcó que cualquier revisión del texto debe realizarse “en el marco de una mesa amplia de diálogo, con las organizaciones que participaron en la redacción original, con otras nuevas vinculadas a esta agenda, con el periodismo y con la Legislatura”. Se ofreció a integrarla y a oficiar de mediador entre los miembros de ese espacio para “cuidar ese paso fundamental que dimos y garantizar el derecho de acceso a la información pública, que es fundamental".
Ulpiano Suarez se ofrece como mediador de una mesa de diálogo que actualice la Ley de Acceso a la Información Pública.
Desde la Auditoría de Ética Pública, autoridad de aplicación de la Ley 9070, indicaron que el expediente legislativo los "tomó de sorpresa", ya que no fueron consultados previo al envío a Diputados.
No obstante, se inició un proceso de análisis del proyecto para determinar qué aspectos son positivos y cuáles contrarios al espíritu de la norma. Con la experiencia adquirida en siete años desde la puesta en marcha de la ley, consideran necesaria una reforma. "Lo que se está estudiando, y aún no se ha determinado, es si la propuesta de Cattáneo va en el mismo sentido", aclararon.
Sitio Andino consultó a legisladores de las distintas fuerzas políticas. El diputado Jorge Difonso (La Unión Mendocina) consideró que "el Gobierno parece querer quitar transparencia a sus actos, tratando de impedir a la ciudadanía el derecho a saber en qué se gastan sus recursos".
Para el dirigente sancarlino, la propuesta representa “un retroceso de los derechos ciudadanos adquiridos y un privilegio para los funcionarios públicos que se les concede la posibilidad de no rendir cuentas”.
Jorge Difonso y Cintia Gómez advierten un retroceso en el proyecto presentado por Cattáneo.
Junto a su par del PRO, Cintia Gómez, analizaron la propuesta de Cattáneo y concluyeron que las modificaciones —entre otras cuestiones— amplían la discrecionalidad, aumentan la burocracia, alientan subjetividades, restringen el alcance del derecho y se apartan de los estándares de la OEA y de la Ley Nacional 27.275.
Por su parte, el senador peronista Félix González planteó reparos, aunque se mostró abierto a discutir una actualización de la norma, pero consensuada con sus impulsores. “Una modificación de ese tipo como mínimo meritúa que sean consultadas las ONG que trabajaron originariamente el proyecto, que ya plantearon objeciones”.
En esa instancia de diálogo debería determinarse si los cambios “mejoran el sistema y no entorpecen el uso de esa herramienta”. De lo contrario —sostuvo— la reforma “es leída con razón como un intento que le pone un manto de sospecha a cualquier acción que generemos desde la política”. En ese marco, anticipó que “difícilmente desde la oposición se pueda acompañar una iniciativa de ese tipo”.
En el peronismo también ponen reparos a la propuesta oficialista.
Aunque aún no hay fecha de tratamiento, el proyecto oficialista abrió el debate y encendió alarmas. Un aspecto es central: una eventual reforma no debe poner en riesgo el ejercicio pleno del derecho a una información pública accesible, universal y transparente.