La Ley 9070 garantiza el derecho al acceso a la información pública en Mendoza, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.
Desde la implementación de la ley, los pedidos de información aumentaron de manera constante
En Mendoza, la Ley 9070 de Acceso a la Información Pública es uno de los pilares del modelo de "Estado Abierto". Fue sancionada en 2018 y reglamentada mediante el Decreto 455/19. La norma comenzó a operar formalmente en 2019 y, desde entonces, impulsó un crecimiento sostenido en los pedidos de información realizados por la ciudadanía.
La ley promueve la transparencia proactiva, al obligar a los organismos públicos a publicar información relevante sin esperar solicitudes, fortalece la rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana, brindando a los mendocinos datos que les permiten fiscalizar la gestión de gobierno.
Su principal objetivo es consolidar el acceso a la información como un derecho democrático. Para ello, elimina barreras burocráticas: no es necesario justificar el pedido ni acreditar un "interés legítimo". El trámite es sencillo, rápido y mayormente digital.
Desde 2018, la Auditoría de Ética Pública se instaló en Mendoza como organismo de control, con la tarea de velar por la transparencia de forma sistemática e integral en la provincia. Según su sitio oficial, "integra bajo su órbita el control de la ética, el registro de evolución, la investigación administrativa y la vigilancia del cumplimiento del acceso a la información pública".
La Auditoría de Ética Pública se instaló en Mendoza como organismo de control
Lo novedoso, explicaron desde el organismo, no solo reside en el alcance de la ley, sino también en el sistema online que la acompaña. "Es un sistema ágil y muy fácil de utilizar, fruto del trabajo de la oficina, que permitió incorporar la gestión digital a la aplicación de la norma", manifestó a Sitio Andino Diego Seoane, subdirector de Acceso a la Información Pública.
En cuanto a los organismos más consultados, el Ministerio de Seguridad encabeza históricamente el ranking de pedidos, seguido por otras dependencias. En cambio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) registra una menor cantidad de solicitudes, aunque mantiene una alta tasa de respuesta.
Tasas porcentuales de julio a septiembre de 2025
"Las excepciones son mínimas. La estadística puntual del Ministerio Público Fiscal muestra que se responde más del 90% de los pedidos, aproximadamente", detalló Seoane. En los casos en que se presentan excepciones, generalmente son revisadas por la Oficina de Ética Pública.
El organismo aclaró que la ley está orientada principalmente a la gestión pública y a la transparencia del Estado, no a la consulta de expedientes o causas penales. "El acceso a la información pública no tiene como objetivo abrir causas judiciales, sino garantizar la transparencia en la gestión del Estado", explicó.
Aunque la ley está diseñada para el ciudadano común, la mayoría de los pedidos proviene de periodistas de investigación, funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales (ONG). "Se da la paradoja de que los ciudadanos, para quienes se creó esta herramienta, son los que menos la utilizan", remarcó el Subdirector.
Alrededor del 60% de las solicitudes son realizadas por funcionarios
Según los datos oficiales, alrededor del 60% de las solicitudes son realizadas por funcionarios, mientras que las ONG representan cerca del 9%. Además, en períodos electorales se observa un incremento en la demanda de información.
La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública habilitó un formulario online que da inicio al trámite para solicitar a un organismo información pública sobre su funcionamiento, actos, cuentas o cualquier motivo de interés público -de forma gratuita y sin necesidad de justificar los motivos del pedido.
También existe la posibilidad de realizar presentaciones en formato papel, descargando el formulario de SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, que deberá ser impreso, completado y presentado ante el organismo al cual solicita la información.
Desde la implementación de la ley, los pedidos de información aumentaron de manera constante. "Año a año crece el número de solicitudes y también la eficacia de las respuestas, fruto del monitoreo permanente que realizamos", aseguró Seoane.
La Ley 9070 se consolida como una herramienta clave para fortalecer la ética pública
Ese seguimiento constante permitió elevar los estándares de cumplimiento dentro de la administración pública. "La ley marcó un antes y un después en materia de transparencia. Poco a poco, la gente fue conociendo estas herramientas y las ha ido utilizando cada vez más. El resultado es positivo", concluyó.
En definitiva, la Ley 9070 se consolida como una herramienta clave para fortalecer la ética pública y la confianza ciudadana en las instituciones, garantizando que la información estatal sea un bien accesible para todos.
video