El sector empresario exige igualdad de condiciones y más controles. Desde el oficialismo proponen cambios en la normativa vigente y sanciones a incumplidores.
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Tras la reunión de la semana pasada entre concejales de San Rafael con representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA) para abordar la problemática del comercio callejero informal, una situación que se repite desde hace años y que, según el sector empresario, genera competencia desleal.
Desde la entidad dejaron en claro que no están en contra de las fuentes laborales, pero reclamaron que se cumpla la Ordenanza 10.887 (que regula la actividad) y que los controles sean periódicos para garantizar condiciones equitativas entre quienes trabajan en regla y quienes lo hacen por fuera del sistema.
La presidenta de la CCIA, Silvina Pietrelli, explicó en diálogo con Noticiero Andino que el problema debe analizarse en el contexto de la crisis económica y la fuerte presión impositiva que enfrentan las pymes.
“La carga impositiva que tenemos es enorme y hoy, en un contexto de contracción económica, está siendo muy dura”, advirtió, y agregó que muchas empresas incluso tienen cuentas embargadas.
En ese marco, cuestionó la competencia en la vía pública: “Es muy injusto ver percheros de punta a punta ofreciendo lo mismo que el comerciante a dos metros de distancia”, señaló. Remarcó que hay rubros donde la informalidad replica directamente la oferta de los negocios establecidos.
Pietrelli también pidió mayor intervención estatal: “Así como nos fiscalizan y nos multan a las pymes, pedimos que se haga cumplir la ley para quienes venden de manera informal”.
Además, advirtió sobre el impacto en la imagen del departamento: “No podemos tener percheros o mercadería colgada en plena vereda, menos en vacaciones de invierno cuando esperamos turistas”.
Por su parte, el concejal del PJ Francisco Perdigues, quien participó del encuentro, explicó a Noticiero Andino que desde el Municipio reconocen la problemática y analizan modificar la ordenanza vigente.
El edil señaló que a la reunión fueron convocados también organismos como ATM, ARCA (AFIP y Aduana) y la Justicia, pero lamentó que no hayan asistido. “Hubiera sido importante que estuvieran, porque tienen más herramientas de control que el Municipio”, indicó.
En ese sentido, planteó la necesidad de un abordaje conjunto: “El Municipio puede actuar hasta cierto punto, necesitamos que los organismos provinciales y nacionales también se involucren”.
Sobre la normativa actual, Perdigues adelantó que se evalúa adaptarla para darle más herramientas al Juzgado Contravencional y modificar el sistema sancionatorio. “Las multas no están dando resultado, no tienen el efecto que deberían tener”, explicó.
Uno de los ejes centrales del debate es distinguir entre distintos tipos de vendedores ambulantes, en función de su impacto sobre el comercio formal.
Perdigues señaló que no se busca impedir el trabajo en un contexto económico complejo, pero sí actuar sobre casos más estructurados. “Tenemos que ir contra quienes tienen una estructura montada y trabajan en la clandestinidad”, resaltó.
En esa línea, diferenció: “No es lo mismo un vendedor ocasional que ofrece flores o frutas, que quienes tienen un esquema organizado y generan competencia desleal directa”.
Por eso, remarcó que el objetivo es compatibilizar la necesidad de trabajo con el cumplimiento de las normas vigentes, evitando perjudicar a quienes están en regla.
La Ordenanza 10.887 prohíbe el comercio informal mediante puestos fijos en la vía pública, como veredas o paseos, y busca limitar la competencia desleal contra los comercios habilitados.
En la práctica, la normativa permite la venta ambulante siempre que no haya instalación fija, algo que, según denuncian desde la Cámara, no siempre se cumple.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones y volverán a reunirse en las próximas semanas con la intención de sumar a organismos provinciales y nacionales al debate.
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