Pedro Miranda confesó 39 casos de estafa y fue condenado en un juicio abreviado. Por las características del fallo, no irá a la cárcel.
Pedro Miranda había pedido disculpas a las víctimas durante una entrevista con SITIO ANDINO.
Foto: Yemel FilEl oftalmólogo Pedro Miranda fue condenado por 39 casos de estafa tras reconocer que engañó a decenas de pacientes e inversores en la Provincia de Mendoza. La sentencia, dictada en un juicio abreviado, le impuso una pena de 2 años y nueve meses de prisión en suspenso, por lo que no deberá cumplir la condena en una cárcel.
La resolución judicial puso fin a una de las causas por estafas más resonantes de los últimos años en Mendoza. De acuerdo con la investigación, el perjuicio económico asciende a unos 185.000 dólares y cerca de 12 millones de pesos, dinero que las víctimas entregaron confiando en tratamientos médicos o en promesas de inversión vinculadas a la clínica del profesional.
El fallo fue firmado por la jueza Natacha Cabezas, mientras que la investigación estuvo a cargo de la fiscal Mariana Pedot. La condena se alcanzó mediante un juicio abreviado, mecanismo procesal en el que Miranda admitió su responsabilidad penal por los 39 hechos imputados, lo que permitió evitar la realización de un debate oral y público.
La investigación determinó que la principal modalidad consistía en cobrar por adelantado intervenciones oftalmológicas que finalmente nunca se realizaban. Los pacientes abonaban las cirugías con la expectativa de recibir atención médica especializada, pero los procedimientos eran postergados indefinidamente o directamente no se concretaban.
A esa maniobra se sumó otra modalidad de engaño. Según la causa, Miranda también ofrecía a pacientes y allegados la posibilidad de invertir dinero en su clínica, prometiendo rendimientos económicos que nunca llegaron. De esta forma, logró captar importantes sumas de dinero que luego no devolvió.
Durante el proceso judicial, el médico reconoció los hechos y pidió disculpas a las víctimas, manifestando arrepentimiento por su conducta. Esa admisión permitió avanzar con el juicio abreviado y derivó en la condena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso.
Si bien la pena le permitió evitar la cárcel, la sentencia representa el cierre judicial de una investigación que reunió decenas de denuncias y acreditó un millonario perjuicio económico para las víctimas en la Provincia de Mendoza.
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