Tras denuncias vecinales, el Ministerio de Seguridad y Justicia demolió una vivienda abandonada sobre calle 20 de Junio. En la Legislatura se envió una norma para regular ese procedimiento.
Hasta el momento se concretaron 12 demoliciones y siete intervenciones administrativas.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaEl Ministerio de Seguridad y Justicia llevó adelante este lunes la demolición de una casa abandonada ubicada sobre calle 20 de Junio, en el departamento de Maipú. El lugar era utilizado como aguantadero, refugio para personas ajenas al inmueble y punto de consumo de estupefacientes. El Gobierno envió una norma para regular esos procedimientos.
El operativo fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al director del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, Carlos Magnani, y el jefe de la Distrital, Miguel Mendoza.
La medida se concretó luego de un expediente administrativo impulsado a partir de denuncias de vecinos, informes policiales y relevamientos técnicos. Estos confirmaron el avanzado estado de abandono de la propiedad y su utilización para actividades vinculadas al delito.
De acuerdo con las actuaciones, la vivienda había perdido todas las condiciones de seguridad. No tenía puertas ni ventanas, presentaba acceso irrestricto y era ocupada de manera permanente por personas que la utilizaban para pernoctar, ocultarse y consumir drogas.
Además, la Policía intervino en reiteradas oportunidades tras llamados al 911, constatando la presencia de ocupantes y distintas situaciones que generaban preocupación entre los vecinos. Durante la inspección previa a la demolición se encontraron colchones, prendas de vestir y otros elementos que evidenciaban que el inmueble funcionaba como un aguantadero.
"Adentro había colchones, ropa y distintos elementos que demostraban que funcionaba como un aguantadero, donde la gente pasaba la noche y también concurría a consumir drogas. Todo eso afecta la seguridad del entorno y la tranquilidad de los vecinos", afirmó la ministra Mercedes Rus.
Desde el Ministerio explicaron que el procedimiento contempla la identificación y notificación de los propietarios registrales antes de adoptar cualquier medida. En este caso, los titulares eran los herederos del inmueble, quienes reconocieron que la vivienda permanecía abandonada desde el fallecimiento de su padre y manifestaron que no contaban con los recursos necesarios para hacerse cargo de la propiedad.
Tras ser notificados sobre la situación y el impacto que el inmueble generaba en el barrio, los herederos firmaron el acta correspondiente y prestaron conformidad para avanzar con la demolición. "La protección también alcanza al titular registral, porque mediante este procedimiento se evita que la propiedad continúe siendo ocupada ilegalmente y utilizada para cometer delitos", explicó Rus.
Finalizados los trabajos, los propietarios deberán retirar los escombros y ejecutar un cerramiento que impida nuevas usurpaciones o que el terreno vuelva a convertirse en un foco de inseguridad.
La intervención se enmarca en el Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, creado por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Esto permite actuar sobre propiedades abandonadas o utilizadas para actividades ilícitas mediante un procedimiento administrativo.
Cada expediente incluye informes policiales, relevamientos catastrales y socioambientales, además de la localización y notificación de los titulares registrales, con el objetivo de recuperar estos espacios, proteger el derecho de propiedad y evitar que continúen siendo utilizados para la comisión de delitos.
"La seguridad también se construye recuperando espacios que durante años ocupó el delito. Cuando el Estado interviene sobre estos inmuebles no solo elimina un aguantadero; también devuelve tranquilidad a los vecinos y protege el derecho de propiedad de sus titulares", sostuvo la ministra.
Desde la implementación de esta política en 2024, el Ministerio de Seguridad y Justicia inició 48 expedientes administrativos sobre inmuebles vinculados a actividades delictivas.
Hasta el momento se concretaron 12 demoliciones y siete intervenciones administrativas, entre ellas tapiados preventivos y procedimientos que permitieron localizar a propietarios para que recuperaran el control de sus inmuebles y evitaran nuevas ocupaciones.
Rus destacó que cada caso es analizado de manera individual y aclaró que la demolición constituye la última instancia del procedimiento.
"Muchas veces los titulares viven en otra provincia, en otro país o simplemente desconocen cómo el abandono de esa propiedad termina afectando la seguridad del barrio. Cuando toman conocimiento, adoptan medidas para recuperar el inmueble y evitar que vuelva a ser utilizado para actividades delictivas", concluyó.
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