Desde el Colectivo de Discapacidad de Malargüe señalaron falta de financiamiento, sueldos impagos y suspensión de servicios esenciales.
En el marco del Paro Nacional por Discapacidad, organizaciones de Malargüe se manifestaron frente al Concejo Deliberante en rechazo a proyectos del Gobierno Nacional que buscan modificar leyes del sector. Advirtieron sobre retrocesos en derechos, falta de financiamiento y una crítica situación que atraviesan instituciones y profesionales locales.
La protesta se llevó a cabo este miércoles y reunió a integrantes del Colectivo de Discapacidad de Malargüe, familiares y trabajadores del sector, quienes expresaron su preocupación ante las iniciativas enviadas al Congreso de la Nación que proponen cambios en las leyes de discapacidad y salud mental.
En ese contexto, Miguelina Pugliese, directora de Consultorios Integrados, remarcó que el reclamo “debe ser de toda la comunidad, porque todos somos potencialmente personas con discapacidad”. En un tono enérgico, cuestionó el tratamiento legislativo en el Senad, donde el oficialismo cuenta con mayoría, y calificó la situación como “indignante”.
Pugliese apuntó especialmente contra la modificación de conceptos, al señalar que se vuelve a hablar de invalidez laboral en lugar de discapacidad laboral, lo que consideró un retroceso de décadas. Es lo más grave de todo, porque implica una mirada que vulnera derechos y estigmatiza a las personas, afirmó.
Por su parte, Eliana Perea, directora del Centro de Día Recrear, explicó que la crisis del sector no es reciente. “La lucha viene de antes del año pasado", cuando el nomenclador dejó de actualizarse y los pagos comenzaron a demorarse, detalló.
Según indicó, la situación se agravó hacia octubre de 2025, cuando directamente se interrumpieron los pagos de prestaciones, afectando el funcionamiento de los centros. No había recursos para pagar a los profesionales, sostuvo.
Finalmente, expresó su preocupación por el cierre de instituciones en distintos puntos del país y advirtió que en Malargüe muchos trabajadores del sector aún no perciben sus salarios, profundizando la incertidumbre.