La provincia de Mendoza avanza con una medida que busca reforzar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación: a partir de una resolución para sancionar a los padres "antivacunas".
La provincia de Mendoza emitió una resolución para sancionar a aquellos padres que rechacen la vacunación de sus hijos. Serán denunciados a las autoridades.
La provincia de Mendoza avanza con una medida que busca reforzar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación: a partir de una resolución para sancionar a los padres "antivacunas".
A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, se estableció un procedimiento que obliga a denunciar a los padres, madres o tutores que se nieguen expresamente a vacunar a sus hijos. Quienes incumplan la normativa podrían ser sancionados contravencionalmente.
La medida, firmada por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, tiene como objetivo garantizar la aplicación de las vacunas obligatorias a niños, niñas y adolescentes. En caso de que los adultos responsables rechacen por escrito la vacunación durante las campañas escolares o en centros de salud, tendrán un plazo de 30 días para cumplir con el esquema obligatorio. Si no lo hacen, el hecho deberá ser denunciado ante las autoridades correspondientes.
En ese marco, la Resolución N° 2572 establece que el personal de salud que detecte una negativa formal deberá dar aviso al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y denunciar el caso ante la policía, la municipalidad o el juzgado con competencia contravencional de la zona. Además, se deberá registrar el incumplimiento en el Sistema Provincial de Inmunizaciones (SPI).
“Existe una tendencia minoritaria pero preocupante de padres que niegan el consentimiento para vacunar a sus hijos”, argumenta la resolución firmada por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.
Por eso, además de reforzar la responsabilidad de los adultos, la normativa busca visibilizar y concientizar sobre la importancia de la vacunación como estrategia preventiva de salud pública.
Según lo dispuesto, incluso si la negativa se produce fuera del ámbito escolar —por ejemplo, durante controles médicos o campañas de promoción de salud—, el rechazo deberá formalizarse por escrito y también será denunciado.
La Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión tendrá la tarea de centralizar la información, elaborar estadísticas y sugerir acciones según los datos relevados. También deberá informar mensualmente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre las denuncias, para hacer seguimiento de los casos y detectar reincidencias.
La resolución ya está en vigencia y forma parte de la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.491, que considera la vacunación como un bien social y establece su obligatoriedad por encima del interés particular.