Entre la reforma laboral, impositiva y previsional, el Gobierno prepara el terreno para modificar la estructura de la seguridad social, advirtió Carlos Gallo.
Carlos Gallo: “El objetivo de fondo es reducir el gasto público en jubilaciones y pensiones”.
En medio del debate por las reformas que proyecta el Gobierno nacional, Carlos Gallo explicó que las modificaciones laborales e impositivas buscan allanar el camino hacia una reforma previsional, que implicaría un ajuste profundo en el sistema de pensiones, uno de los pilares de la seguridad social argentina.
“El Gobierno viene hablando de una reforma laboral e impositiva, pero el propósito final es la reforma previsional. Es desde donde el Estado tiene más herramientas para generar un recorte en el gasto público”, explicó Gallo. La mitad del gasto estatal se destina a ANSES, principalmente para el pago de jubilaciones y pensiones, así las medidas de ajuste buscan sostener el superávit fiscal en un contexto de caída de ingresos.
Consultado sobre los avances en la reforma laboral, Gallo indicó que el Ejecutivo ya trabaja sobre un nuevo proyecto de ley que incluiría cambios sustanciales en la negociación colectiva y en la estructura de los derechos laborales. “El salario dinámico y la paritaria por empresa son los dos puntos más fuertes de esta propuesta. Implican que cada empresa pueda negociar directamente con sus trabajadores, debilitando los acuerdos sectoriales y el rol de los sindicatos”, describió.
“Esta reforma está escrita más del lado de los empleadores que del lado de los empleados. La CGT no participó en su redacción y, de hecho, ya manifestó su oposición”, advirtió Carlos Gallo.
Gallo sostuvo que detrás del discurso de modernización y eficiencia laboral “se esconde una flexibilización encubierta” que podría derivar en pérdida de derechos adquiridos. “Se habla de simplificar las indemnizaciones, de modificar las vacaciones, de fraccionarlas a discreción del empleador. Son temas muy sensibles que afectan directamente a los trabajadores”, detalló.
Según Gallo, la reforma previsional que impulsa el Gobierno apunta a reducir la inversión pública en jubilaciones y pensiones, lo que podría tener un fuerte impacto en millones de beneficiarios. “Si se aumenta la edad jubilatoria, como se analiza, se lograría un ahorro automático para el Estado porque durante varios años no habría nuevos jubilados. Esto tendría consecuencias sociales gravísimas”, explicó.
En este sentido, el especialista señaló que prolongar la edad de retiro podría agravar la falta de empleo juvenil. “Cada persona que se jubila deja un espacio para que otro trabajador ingrese. Si se bloquea ese recambio natural, los jóvenes tendrán aún más dificultades para acceder al mercado laboral”, advirtió.
En otro tramo de su análisis, Gallo enfatizó que la situación actual del mercado laboral está marcada por la caída del consumo y el cierre de empresas. “Hoy desaparecen unas 30 empresas por día en Argentina, según datos recientes. Se han perdido más de 220 mil puestos de trabajo desde que asumió el actual Gobierno”, apuntó.
Para el especialista, el problema no radica en el costo laboral o en los juicios, sino en la falta de demanda. “Si no hay consumo, los empleadores no pueden vender, y eso se traduce en despidos o en precarización. Reducir derechos laborales no va a resolver ese problema estructural”, subrayó.