La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza, Mercedes Rus, contextualizó la ratificación de la Suprema Corte de Justicia sobrela prohibición del uso de celulares en los distintos complejos penitenciarios de la provincia de Mendoza, dejando atrás una decisión que se implementó durante la pandemia.
"La situación excepcional de la pandemia quedó atrás, junto con toda excepcionalidad y contemplación de estos beneficios, tales como celulares para cada interno", explicó la funcionaria. Adelantó que se trata de un desafío que genera tensión intramuros, ya que las personas "consideran una injusticia" que los prisioneros tengan este tipo de beneficios.
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"Hemos implementado un plan estratégico para la extracción progresiva de teléfonos celulares", expresó Mercedes Rus.
Foto: Yemel Fil
A finales del 2023 caducó el decreto de necesidad y urgencia realizado por el expresidente Alberto Fernández que permitía el uso de celulares en las cárceles debido a la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), consecuencia de la pandemia de Covid-19 que imposibilitaba las visitas de familiares a internos.
El alegato del Ministerio de Seguridad y Justicia expresa que "el Servicio Penitenciario entiende que acabada la situación excepcional de pandemia desde hace más de tres años, entendemos que se debe volver a la situación anterior, de prohibición de celulares para internos", tal como lo indica la ley 8.465 en su artículo 174.
La difícil y progresiva tarea de retirar los celulares de las cárceles de Mendoza
El retiro de los artefactos de los internos no es una tarea sencilla. Es necesario implementar una planificación para que se trate de una actividad que no conlleve enfrentamientos entre el personal penitenciario y los convictos.
"Hemos implementado un plan estratégico para la extracción progresiva de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios, priorizando a aquellos internos que tienen antecedentes de utilizar estos dispositivos para estafas, delitos cibernéticos o actividades violentas. Este es un paso fundamental para garantizar la seguridad dentro y fuera de las cárceles", expresó Rus.
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Se retirarán cerca de 4.000 celulares que se encuentran asignados a distintos internos
Se iniciará un plazo de seis meses para retirar todos los celulares que estaban asignados a distintos internos. Sin embargo, hay casos donde tendrán permitido utilizarlos siempre y cuando sea articulado con las autoridades pertinentes. "Entendemos la importancia de mantener el vínculo entre las personas privadas de libertad y sus familias. Por eso, hemos implementado un sistema de visitas ampliado y la posibilidad de utilizar teléfonos, cuyo numero ampliaremos, para casos especiales de contactos urgentes y emergencias familiares, y/o algún otro sistema controlado de acceso a telefonía, siempre bajo control y supervisión del Servicio Penitenciario", especificó la ministra.
El "Plan estratégico para la extracción de telefonía celular"
Se trata de un procedimiento para ordenar la extracción de equipos de telefonía celular que consta de distintas etapas:
Entrega voluntaria,
Requisa,
Devolución de equipos,
Secuestro como elementos no permitidos.
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El tribunal rechazó los planteos de la defensa y dejó firme la prohibición de los celulares en las cárceles.
Nuevo sistema de visitas
Se buscará implementar un nuevo esquema de visitas, similar al instaurado antes de la pandemia, que consiste en un margen ampliado donde el régimen será de visitas semanales. El servicio penitenciario se comprometió a esforzarse en el armado de una logística para poder mantener un mejor contacto entre las familias y los detenidos con el fin de facilitar la "convivencia intramuros de las personas privadas de libertad en paz y orden".
¿Es posible instalar un sistema de telefonía pública?
En el último tiempo se sancionó la primera Ley orgánica del Servicio Penitenciario L 9569, la Resolución 822 de Clasificación, la Resolución 2649 de Categorización de Unidades Penitenciarias y la Resolución 2652 de Alto Perfil de internos. En uno de sus puntos dicta la instalación de un sistema de telefonía pública en los términos del artículo 2 de la Resolución 1122 del 98 Reglamento de Telefonía Pública, "debiendo garantizar un equipo por pabellón".
Frente a esto, Mercedes Rus manifestó: "Es inaplicable en contextos penitenciarios, ya que las cárceles no son lugares de acceso libre al público. Además, hemos recibido informes de los proveedores de telecomunicaciones que confirman la imposibilidad técnica de cumplir con esta condición.”
Es así que desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se comprometen a trabajar para aumentar la periodicidad de las visitas, aumentar la cantidad de teléfonos celulares a disposición de las llamadas de los internos en emergencias y en casos excepcionales, además de disponer de computadoras y aparatos tecnológicos para audiencias.
De esta manera, ahora la justicia deberá iniciar un proceso en el que se retirarán cerca de 4.000 celulares que se encuentran asignados a distintos internos. Sumado a los celulares que han ingresado de manera irregular, de los cuales no se tienen datos certeros en su cantidad.