El régimen venezolano habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio.
Se cumplieron trece meses desde la detención de Nahuel Gallo en Venezuela.
Venezuela habilitó recientemente las visitas familiares a presos considerados políticos en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, tras más de un año y medio de prohibición. Entre los detenidos en ese centro, ubicado a las afueras de la capital venezolana, se encuentran figuras como el dirigente opositor Freddy Superlano y el gendarme argentino Nahuel Gallo.
Por estos días crece la expectativa por la liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.
La reactivación de las visitas se da en medio de un periodo de transición política y de tensiones diplomáticas en el país sudamericano, tras la reciente captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo de la administración de Estados Unidos.
La decisión de permitir visitas a los detenidos, que habían permanecido incomunicados durante largos meses sin contacto sistemático con sus familias ni acceso regular a defensores legales, fue recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares.
Durante el tiempo en que se impidieron estas visitas, diversos informes de organismos como Human Rights Watch y grupos de defensa de derechos civiles denunciaron que numerosos presos políticos permanecieron en condiciones precarias, sometidos a aislamiento prolongado y sin acceso a información externa, práctica que fue calificada como forma de tortura psicológica.
La habilitación del acceso, aunque bienvenida por allegados de prisioneros, también fue vista como una medida parcial que no responde de manera integral a las demandas de transparencia y cumplimiento de las garantías básicas para los detenidos.
En línea con la apertura de visitas, el gobierno venezolano también anunció en días recientes la liberación de un número de presos políticos como parte de lo que describió como gestos de reconciliación y de búsqueda de estabilidad interna tras la caída de Maduro. Autoridades estimaron que se negociaba la liberación de detenidos venezolanos y extranjeros, entre ellos figuras de la oposición y activistas, en lo que fue descrito como un proceso gradual.
Sin embargo, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos señalaron que, si bien se han producido algunas excarcelaciones, solo una pequeña fracción de los alrededor de 800 presos políticos estimados han sido liberados hasta ahora, generando frustración entre las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.
Familias de detenidos en El Rodeo I y en otros centros también organizaron vigilias y pasaron noches a la intemperie frente a los penales, esperando que las promesas gubernamentales de liberaciones se traduzcan en hechos concretos. Muchos manifestaron que las autoridades no proporcionaron información clara sobre quiénes serían excarcelados ni sobre los cronogramas previstos.
Presión internacional y discurso oficial
El contexto de estos cambios incluye una creciente presión diplomática ejercida por Estados Unidos tras la destitución de Maduro y la captura del exmandatario. El presidente norteamericano, Donald Trump, elogió públicamente los movimientos de Venezuela hacia la liberación de presos políticos y calificó algunas de estas acciones como gestos positivos de cara a una posible cooperación más amplia entre ambos países.
Las autoridades venezolanas han defendido sus decisiones argumentando que forman parte de un esfuerzo por consolidar la paz y avanzar en un proceso de reconciliación nacional, pese a que numerosos sectores de la comunidad internacional y ONG continúan demandando mayor transparencia y cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.