El oficialismo buscará aprobar los despachos para que lleguen al recinto "lo más pronto posible". De qué se tratan las iniciativas del Gobierno de Mendoza.
Tras la aprobación del Presupuesto, el Gobierno de Mendoza va por la sanción de los proyectos de minería.
Foto: Yemel FilTras la aprobación en la Legislatura de las leyes de Presupuesto, Avalúo e Impositiva 2026, el Gobierno de Mendoza va por la sanción de los proyectos que le permitan avanzar en el desarrollo de la minería en Mendoza, una actividad que el gobernador Alfredo Cornejo ha considerado clave para ampliar la matriz productiva de la provincia.
El oficialismo ya consiguió el aval legislativo para la pauta presupuestaria y las leyes fiscales del próximo ejercicio. Lo hizo con apoyo de la oposición, tanto de gran parte del peronismo como de La Unión Mendocina. Ahora, el Ejecutivo tiene por delante sancionar las diversas propuestas mineras para "dinamizar la economía" de Mendoza.
El Presupuesto para el próximo ejercicio fue aprobada casi por unanimidad, con apoyo opositor en ámbas Cámaras, tanto de parte del Partido Justicialista (PJ) como de la Unión Mendocina. La mayoría del PJ acompañó el proyecto, a excepción de las tres bancadas kirchneristas que votaron en contra. De esta manera, el Gobierno logró las autorizaciones para " rollear" la deuda pública y acceder a financiamiento externo para obras de infraestructura vial y educativa, en este último caso por pedido del peronismo, que solicitó inversión en mejoras de las escuelas.
En plenario de comisiones, con diferentes reuniones y visita de funcionarios, se han venido tratando las de declaraciones de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental II, sumado a las iniciativas de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. La idea del oficialismo es tratar los cuatro proyectos en conjunto y "lo más pronto posible".
En el último encuentro en Diputados -en el que participó Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal, director de Minería, y Leonardo Fernández, a cargo de Gestión y Fiscalización Ambiental- el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Franco Ambrosini, señaló que en la próxima reunión de esta semana buscarán sacar los despachos para que lleguen al recinto.
Plenario de comisiones.
En cuanto a PSJ Cobre Mendocino, el Gobierno explicó que ejercerán el control ambiental a través de distintos instrumentos como la Unidad de Gestión Ambiental (UGA–PSJ), el Fondo Socioambiental y de Compensación Ambiental y el Programa de Monitoreos Participativos. Estos deberán realizar informes de sostenibilidad y desarrollar un plan económico social en la zona. Shantal aseguró que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental".
En cuanto a la posibilidad de presencia de periglaciares en la ubicación de los proyectos de MDMO II, algo que alertó un informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Latorre afirmó que, al no existir un inventario nacional al respecto, "se trabajó en una guía de referencia que, exactamente, les indique a los proponentes de estos distintos proyectos cómo tienen que actuar, qué información tienen que relevar, cómo tienen que comunicarla y quiénes van a ser los auditores de esa información, que además nos va a dar el beneficio de poder construir información conjunta".
En debate se encuentran las DIA de los 27 proyectos de exploración de cobre de Malargüe Distrito Minero Occidental II y también la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, que tendrá un costo total de construcción estimado en 560 millones de dólares. Podría tener una vida útil inicial de 16 años, pero si las condiciones del mercado lo permiten, la producción podría extenderse a 27 años, bajando la ley de corte.
Leonardo Fernández y Jerónimo Shantal.
Al mismo tiempo, en comisiones se encuentran las iniciativas de creación del Régimen de Regalías Mineras y del Fondo de Compensación Ambiental. El Gobierno busca contar con una norma provincial para distribuir los ingresos que surgen de la explotación de los recursos naturales, basándose en la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras.
Se fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” como máximo para el cobro de regalías y dispone que las empresas deberán presentar declaraciones juradas trimestrales con información técnica, contable y productiva. Dicha distribución será de un 88% para Rentas Generales y un 12% para los municipios que adhieran a la ley, replicando el modelo aplicado en la política hidrocarburífera.
Además, con el Fondo de Compensación el Ejecutivo busca enfrentar posibles daños ambientales colectivos, trabajar en la remediación, saneado y reparación. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente e incluye multas, tasas y tributos relacionados, indemnizaciones judiciales, subsidios, donaciones, convenios, legados, créditos nacionales o internacionales.
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