Comenzó el tratamiento en la Legislatura de Mendoza del proyecto de enmienda presentado por el Gobierno. Qué pasó en la reunión.
El áspero cruce en la Legislatura de Mendoza que marcó el inicio del debate por la reforma constitucional. Foto: Dani Cano.
Este martes comenzó el tratamiento en la Legislatura de Mendoza del proyecto de enmienda presentado por el Gobierno para reformar la Constitución Provincial y consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos. La iniciativa dio sus primeros pasos en comisiones en medio de tensiones con el peronismo, cuyos legisladores se levantaron y se retiraron de la reunión.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados recibió a funcionarios del Ejecutivo para explicar en detalle la propuesta, mientras la Suprema Corte de Justicia define el "conflicto de poderes" planteado por el oficialismo en relación al avance de San Rafael para consagrar su propia carta orgánica.
Asistió el nuevo subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, quien tuvo su primera actividad oficial desde que asumió el cargo; el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria Legal y Técnica, Emilia Cabrera Horm.
Antes de comenzar la reunión el peronismo planteó que la misma no debía realizarse -entendiendo que tenía que suspenderse por el conflicto que existe en la Corte por el proceso de autonomía municipal impulsado en San Rafael- y se realizó la votación de una moción al respecto.
Germán Gómez, jefe del bloque justicialista en Diputados, pidió que LAC no avanzara en el debate al ser parte de la actividad parlamentaria. "Estaríamos haciendo algo que la Corte impide que hagamos“, afirmó. Sin embargo, el oficialismo, con mayoría, decidió iniciar el encuentro de la comisión y, los diputados peronistas se retiraron.
"En el conflicto de poderes entre la Legislatura y la Municipalidad de San Rafael el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. No tiene intervención. Primero, usa la facultad constitucional de enviar un proyecto para que lo trate la Legislatura, pero además, son cosas totalmente independientes", declaró Jaliff.
El subsecretario de Justicia sostuvo que la iniciativa abarca la autonomía para los 18 municipios y que el conflicto de poderes es en uno solo. "No creo que tengan razón en ese planteo. Este proyecto de ley no tiene nada que ver con la ordenanza", señaló sobre el planteo contra el proceso en el departamento del sur provincial.
El Gobierno expuso los puntos más importantes del proyecto. Se trata de una enmienda del artículo 197 de la Carta Magna, para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Aquellas comunas que decidan no hacerlo continuarán regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.
La iniciativa establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.
La enmienda tiene los siguientes ejes:
Otro aspecto central, y que generó controversias, es el que establece que las cartas orgánicas deberán obtener la aprobación de la Legislatura. Esta deberá expedirse por ley en el término de noventa días, vencido este plazo se considerará aprobada.
El Gobierno argumentó que es la propia Constitución la que delega en la Legislatura la potestad de legislar sobre los municipios, en un esquema donde las comunas no son preexistentes a la Provincia, y que el objetivo es verificar que cumplan con lo establecido por las normativas. “Es una interpretación armónica de la Constitución. Esto es discutible y debatible, y tiene que definirse en este ámbito. Nosotros trajimos esta postura en base a la legislación comparada”, afirmaron.
Esta reforma continuará en debate en comisiones en las próximas semanas. El proceso para modificar la Constitución contempla varias etapas. En primer lugar, la enmienda debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras. Luego, la reforma se somete a consulta popular, que sería en 2027. Si obtiene el respaldo de la mayoría de los votantes, el Poder Ejecutivo puede la promulga a través de un decreto y queda incorporada al texto constitucional.
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