La propuesta fue elevada por el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, en la apertura del año judicial. En qué consiste y cómo se implementaría.
Se vienen cambios procesales en el Poder Judicial
Foto: Cristian LozanoAdemás del reclamo de Alfredo Cornejo para que la Justicia se involucre más en el combate contra la inseguridad, la apertura del año judicial dejó un anuncio que casi pasó desapercibido por la potencia del mensaje del gobernador: la convocatoria del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, para reformar el Código Procesal Administrativo de Mendoza.
Concretamente, el ministro del máximo tribunal propuso modernizar los institutos procedimentales de todos los fueros de la Justicia provincial. Según postuló, hay trámites obsoletos que colaboran a la dilación en la resolución de causas.
El juez supremo planteó un cambio de paradigma y apeló a un mensaje en boga en estos días de gobierno de Javier Milei: la optimización de los recursos públicos. “Es un mandato que tenemos de la sociedad; y hay nichos procesales que se hacen igual desde hace años, que podemos automatizar o directamente suprimir, y no va a pasar nada en el sistema judicial ”, afirmó Garay.
“Si la tecnología puede reemplazar esas tareas que hoy hacen funcionarios y jueces, se va a hacer, y si hay que reformar los códigos, se hará. Hay que animarse, y eso es lo que hemos planteado desde la Corte, avanzar en esas reformas”, completó.
De este modo, la reforma que propone el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza apunta a ahorrar en dos aspectos: en lo económico y en lo temporal.
Es que por un lado, se reduciría la utilización del recurso humano (que se traduce en salarios), y de procedimientos anticuados (que al reemplazarlos por herramientas digitales, agilizarán el proceso).
En su discurso anual, Garay pidió a sus pares trabajar en un rediseño de los institutos procedimentales “buscando esos actos o instancias que pueden ser reemplazados por innovaciones tecnológicas o que directamente no resultan necesarios por obsoletos. La repetición mecánica de formas procesales no parece una respuesta adecuada, ni mucho menos una manera eficiente de gestionar”.
Para argumentar su postura, el presidente de la Corte presentó como ejemplo cuando se otorga el beneficio de litigar sin gastos, que insume –en el fuero civil- más de 8 mil horas de trabajo. En números, 68 millones de pesos al año.
“Entonces, ¿no es razonable reemplazarlo por un sistema informático que, con algoritmos, los resuelva, o directamente avanzar en una reforma procesal que reconfigure la manera en que se accede al servicio en estos casos?”, reflexionó el exministro de Gobierno.
Detalló algunas otras situaciones como la notificación por cédula (“cuando el expediente está al alcance un click”), sacar un oficio para diversos trámites o la duplicación de registro de datos entre la Justicia y el Poder Ejecutivo.
Ante la consulta de Sitio Andino, Garay reveló que en una primera etapa se trabaja de forma interna en tribunales para concluir en un propuesta final que contenga la opinión de jueces, magistrados y abogados.
A partir de entonces, se convocará al Ejecutivo y al Legislativo –incluso con la participación del sector privado- para perfeccionar y materializarlo en un proyecto de ley, tal como ocurrió en el pasado con la incorporación de la oralidad y otras reformas implementadas en el primer gobierno de Cornejo.