Senadores recibieron a los gremios para debatir en comisiones el proyecto de Alfredo Cornejo que modifica el Estatuto del Empleado Público.
Se dilata el tratamiento de la reforma del Estatuto del Empleado Público en el Senado.
El oficialismo abrió a los gremios el debate por el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público. Este miércoles, la iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo fue discutida en plenario de comisiones del Senado, donde asistieron representantes sindicales. Sin despacho aún, se retrasa el tratamiento en el recinto.
Tras un fugaz y criticado paso por Diputados, la propuesta avanza en la Cámara alta a un paso más desacelerado. Los senadores recibieron a autoridades gremiales de distintos sectores estatales, pero no le dieron despacho aún, lo que podría suceder la próxima semana.
Estuvieron presentes en el plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Hacienda y Presupuesto representantes de: Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Central de Trabajadores Mendoza, Judiciales, Asociación del Personal de los Organismos de Control, UPCN, Asociación del Personal de Empleados Legislativos.
Además, los sindicatos volvieron a concentrarse frente a la Legislatura de Mendoza, no solo en contra de la reforma, sino en también en reclamo de aumentos salariales, en un "plan de lucha" que continuará durante el jueves, con asambleas y movilizaciones.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la creación de la figura del "personal interino", sin goce de "estabilidad propia". Otro de los aspectos más criticados fue el de las indemnizaciones: se modifica el régimen vigente para pasar a ser calculado sobre la totalidad de las remuneraciones regulares del último sueldo, del 100% por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses.
El secretario general de ATE, Roberto Macho, fue el que más se extendió durante su exposición frente a los senadores, quienes se limitaron a escuchar a los gremialistas. Planteó que el proyecto es "inconstitucional" porque viola diversas normas: "Esta reforma altera los derechos adquiridos de los trabajadores y los precariza aún más. Vulnera la Constitucional Nacional y Provincial, y los pactos internacionales. Atenta contra el derecho a la defensa y a las indemnizaciones".
"Altera los derechos conseguidos de los trabajadores y los precariza aún más. Esto se tiene que discutir en paritarias, los legisladores no pueden votar leyes que retrocedan", sostuvo.
Por su parte, Claudia Iturbe, representante de Ampros y candidata a legisladora provincial por Provincias Unidas, cuestionó la gestión del Gobierno en materia de salud y afirmó: "Es una flexibilización laboral. Esto es imponer discrecionalidad para poner a quien ellos quieren. Las consecuencias serán devastadoras".
El proyecto de Cornejo ya tiene media sanción de Diputados, donde la oposición votó en contra. El peronismo, La Unión Mendocina y el Partido Verde, vienen oponiéndose. Si lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza, sumado al voto negativo del Partido Demócrata, ocurriría un empate.
Al respecto, la vicegobernadora Hebe Casado, en diálogo con Aconcagua Radio, afirmó: "Si empatamos, desempató yo". Además, se mostró firme en avanzar con la ley pese a que no cuenta con el consenso de la oposición: "Es una política de Estado. Se va a tratar, discutir y votar. Si no, no la hubiésemos presentado".
La semana próxima la iniciativa tendrá su tercera reunión de comisiones. En la primera, fue defendida por los asesores de Gobierno Ricardo Canet y Javier Urrutigoity. De esta manera, su llegada al recinto se dilata, en comparación a cómo fue en Diputados. Si en el siguiente encuentro el oficialismo vota el despacho, la reforma podría tratarse en octubre, en vísperas de las elecciones legislativas.
Desde el Gobierno de Mendoza sostienen que el Estatuto del Empleado Público fue sancionado hace más de medio siglo, en un contexto político, económico y social muy diferente al actual, por lo que necesita ser modificado.
Además de considerar que fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Corte Suprema de la Nación introdujeron interpretaciones diversas sobre cuestiones como la estabilidad laboral, la reincorporación tras sanciones, el cómputo de la antigüedad y los derechos de quienes no forman parte de la planta permanente. "Estas decisiones judiciales marcaron contradicciones que impactan en el funcionamiento cotidiano del Estado y motivaron la necesidad de una reforma legal para unificar criterios", explicó el oficialismo.
La iniciativa propone la modificación parcial del Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126 para "actualizar la normativa vigente, adaptándola a las exigencias de responsabilidad fiscal, a los estatutos sectoriales posteriores y a los criterios fijados por la Suprema Corte frente a interpretaciones divergentes".
La reforma diferencia entre quienes gozan de estabilidad laboral plena, los agentes permanentes, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados. Se establece que no habrá derecho automático a la reincorporación tras una sanción de suspensión o separación.
También elimina disposiciones que permitían un acceso cuasi hereditario a los cargos públicos, y modifica las reglas de indemnización, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago. El cómputo de antigüedad se limitará a los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, quedando excluidas las contrataciones autónomas.
El Gobierno, a su vez, propone ampliar el alcance del estatuto para ser aplicado de manera supletoria a personal que hoy está excluido de la carrera administrativa.