La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza aprobó este miércoles la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles a la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
Foto: Yemel FilEn una sesión agitada, con manifestaciones de distintos gremios y sin consenso con la oposición, la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles al proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo.
La iniciativa del Gobierno de Mendoza fue aprobada por 27 votos afirmativos, del oficialismo y aliados. y 18 negativos, del peronismo, La Unión Mendocina y el Partido Verde.
La propuesta modifica parcialmente el Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126, con el objetivo de "actualizar la normativa vigente, adaptándola a las exigencias de responsabilidad fiscal, a los estatutos sectoriales posteriores y a los criterios fijados por la Suprema Corte frente a interpretaciones divergentes".
"No se toca ninguno de los derechos adquiridos por los empleados que están actualmente prestando funciones y tienen estabilidad y planta permanente en el Estado. Lo que estamos haciendo es procurando una norma para lo que viene, que ayuda a reconfigurar y a establecer cuál es la figura del personal interino o temporario que está expreso y que reafirmamos una vez más que el sistema de ingreso y promoción dentro de la administración pública es mediante concurso y no mediante la discrecionalidad de las autoridades", explicó Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.
A su vez, el diputado aseguró: "Ya conocemos cuando la discrecionalidad forma parte del manejo de los recursos públicos como pasó con Paco Pérez, que hubo una gran cantidad de pases a planta permanente y de aumentos salariales que después no se pudieron pagar en la provincia de Mendoza. Nosotros estamos dándole claridad, estamos pensando en una norma moderna para la administración del recurso humano en la administración pública provincial".
El diputado Jorge Difonso, referente del bloque de La Unión Mendocina, fue uno de los que votó en contra de esta reforma. "Esto va a generar una catarata de juicios contra la provincia de Mendoza porque es inconstitucional, y esos juicios no los va a pagar Cornejo, los vamos a pagar todos los mendocinos. Por esos motivos vamos a votar en contra”, afirmó.
Además, cuestionó la estrategia oficialista de acelerar el tratamiento: “Pedimos que se dejara una semana más en comisiones para seguir discutiendo e invitar a otros actores, pero la verdad es que lo quieren aprobar de prepo, abusando de la mayoría que hoy tienen".
El Poder Ejecutivo envió la iniciativa a la Legislatura a mediados de agosto y comenzó a tratarse en el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, precedidas por los radicales Franco Ambrosini y Jorge López, respectivamente. Allí asistieron los asesores de Gobierno Ricardo Canet y Javier Urrutigoity, quienes justificaron el proyecto.
El pasado martes, en una nueva reunión de las comisiones, el oficialismo le dio despacho favorable para que este miércoles llegue al recinto de Diputados, rechazando el pedido de la oposición para extender el debate y analizar la iniciativa con más tiempo.
Germán Gómez, jefe del bloque del Partido Justicialista, sostuvo: "Es un proyecto que no se ha podido mejorar en absolutamente nada, atenta contra la estabilidad laboral y los principios fundamentales en materia laboral que rozan la inconstitucionalidad, atenta contra el modelo del concurso de antecedentes para acceder a cargos públicos".
José Luis Ramón, por su parte, reclamó que dejaran ingresar a los respresentantes sindicales a la Legislatura y aseveró: "Están violentando el estado de derecho que está por encima del empleado público y de los gremios".
Durante la mañana comenzaron a concentrarse distintos gremios frente a la Legislatura en contra del proyecto, entre ellos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes aseguraron que el próximo jueves realizarán una movilización en Casa de Gobierno.
Roberto Macho, secretario general de ATE, declaró: "Quieren eliminar la estabilidad laboral del trabajador tal cual la conocemos, perdiendo todos los derechos, rebajando las indemnizaciones". Además desde el sindicato indicaron que la reforma es "inconstitucional". Por su parte, Gustavo Correa de la CTA aseguró: "Queremos darle resguardo institucional a los cargos por concurso y respaldo constitucionalidad a los empleados de tener estabilidad laboral".
Al respecto, el radical "Peti" Lombardi afirmó: "Lo que están perdiendo los gremios en esto es esa capacidad de extorsión que tenían en las paritarias, donde caían con su lista de amigos y pedían los pases a planta permanente de sus amigos a cambio de convalidar aumentos salariales. Lo que estamos haciendo es quitándole herramientas de extorsión a los gremios y eso es bueno para la administración pública y eso es bueno para la provincia de Mendoza, y seguramente esta ley va a ser un puntal para varias reformas que son necesarias en la Argentina para construir un país serio y predecible".
Para el oficialismo, este proyecto se debe a que "las restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal, así como la sanción de posteriores estatutos o escalafones sectoriales" hicieron "necesario aclarar o reformar algunas de las previsiones legales de aquellas leyes".
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