El Ejecutivo busca que el máximo tribunal intervenga de forma directa y deje sin efecto la cautelar impulsada por la CGT que frenó parte clave de la ley.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, jueces de la Corte.
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga de manera directa en el conflicto por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de más de 80 artículos clave de la norma.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que a fines de marzo dispuso una medida cautelar con alcance general sobre la ley.
El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la cautelar, permitiendo que la ley recupere su vigencia mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
El per saltum es un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una definición más rápida en situaciones consideradas de gravedad institucional.
Desde el Ejecutivo sostienen que el juzgado laboral no tenía competencia para intervenir en una norma de alcance nacional, y remarcan la necesidad de que la Corte unifique criterios en medio de un conflicto que ya se expandió a distintas instancias judiciales.
La causa se originó a partir de una presentación de la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral y logró que se dictara la medida cautelar que suspendió su aplicación.
La central obrera argumentó que los cambios vulneran derechos laborales y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales y la libertad sindical.
En respuesta, la Procuración sostiene que no existe un caso concreto ni un perjuicio comprobable, y cuestiona la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de los trabajadores en este proceso.
En el escrito presentado ante la Corte, el Gobierno advierte que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal de primera instancia configura un caso de “gravedad institucional”, ya que pone en tensión la división de poderes.
Además, remarca que la causa es de competencia federal, dado que el Estado nacional es parte y los efectos del fallo alcanzan a todo el país. En esa línea, recuerda que el fuero Contencioso Administrativo Federal ya reclamó la intervención en el expediente.
Según el planteo oficial, permitir que un juez suspenda una ley con efecto general genera incertidumbre jurídica y afecta la estabilidad del sistema normativo, con impacto tanto en trabajadores como en empleadores.
Con esta jugada, el Gobierno busca acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
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