La Casa Rosada busca acuerdos para modificar el sistema electoral, pero la oposición dialoguista resiste cambios clave y complica el plan oficial.
El oficialismo no concigue avales para su reforma política.
El Gobierno nacional mantiene abierta la negociación por la reforma electoral, con el objetivo de avanzar en septiembre en el Senado, aunque todavía no logra reunir los votos necesarios para eliminar las PASO, uno de los ejes centrales del proyecto.
Mientras tanto, la resistencia de la oposición dialoguista complica el escenario y obliga a la Casa Rosada a analizar alternativas, en un contexto donde también genera rechazo la posibilidad de reintroducir listas colectoras.
En el oficialismo reconocen que no hay una mayoría clara para avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, pese a que se trata de una de las principales prioridades del Gobierno.
Los bloques de la UCR y el PRO se mantienen firmes en su postura de sostener las PASO, lo que condiciona cualquier intento de reforma. Incluso dentro de los sectores más cercanos al oficialismo aparecen resistencias.
“Todavía eso no tiene una mayoría clara”, admiten desde el Senado sobre el capítulo vinculado a la selección de candidatos, el punto más conflictivo de la iniciativa.
Ante este escenario, el Gobierno evalúa alternativas intermedias, como volver a suspender las PASO —tal como ocurrió en 2025— o avanzar hacia un esquema optativo, una opción que algunos sectores consideran más viable.
Otro de los ejes en discusión es la posibilidad de habilitar listas colectoras, una herramienta electoral que permitiría multiplicar candidaturas legislativas bajo un mismo candidato presidencial.
Sin embargo, la propuesta genera rechazo tanto en el oficialismo como en la oposición dialoguista, que coinciden en que ese mecanismo “deforma” el sistema electoral.
Desde el propio oficialismo tomaron distancia de esa alternativa y advirtieron que implicaría “retroceder” y trasladar parte de la lógica de las PASO a la elección general.
En paralelo, la UCR y el PRO también rechazan de plano las colectoras, lo que reduce aún más el margen de maniobra del Gobierno en la negociación.
La estrategia de la Casa Rosada pasa por cerrar acuerdos primero con los gobernadores y luego trasladarlos al Congreso, en busca de consolidar una mayoría que permita aprobar la reforma.
En ese esquema, Patricia Bullrich lidera las conversaciones en el Senado, mientras el Ejecutivo mantiene contactos con mandatarios provinciales para acercar posiciones.
Algunos gobernadores peronistas ya manifestaron su rechazo a las PASO, aunque las mayores dificultades para el oficialismo siguen estando en sus aliados legislativos.
Con este panorama, el Gobierno fijó como horizonte septiembre para llevar el debate al recinto, mientras intensifica las negociaciones durante el receso invernal.
Aunque el proyecto incluye otros puntos —como cambios en el financiamiento partidario o la incorporación de Ficha Limpia—, la discusión política está concentrada en las PASO y las colectoras, donde todavía no hay acuerdos.
Por ahora, la reforma electoral sigue abierta y sin definiciones concretas, en un escenario donde el oficialismo necesita mayorías absolutas y enfrenta resistencias clave incluso entre sectores dialoguistas.
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