El Gobierno de Mendoza recurre a la ciudadanía ante las limitaciones de los controles estatales actuales para detectar infractores y aplicar sanciones.
El Gobierno de Mendoza apuesta al control ciudadano para detectar infracciones viales y ambientales.
Imagen creada con IA.El Gobierno de Mendoza decidió apoyarse en la colaboración ciudadana para detectar conductas sancionatorias de otros ciudadanos, tanto para presuntas infracciones viales como ambientales, y ampliar la capacidad de control del Estado, que podrá aplicar eventuales multas gracias a las fotos y los videos aportados por los vecinos.
A la reciente reglamentación del sistema que permite enviar imágenes de faltas de tránsito tomadas por un tercero a través de canales digitales oficiales se suma el tratamiento en la Legislatura de un proyecto que apunta a detectar acciones que generen daños ambientales, poniendo a los mendocinos en el rol de fiscalizadores.
El oficialismo sostuvo que los controles estatales resultan insuficientes para abarcar toda la extensión de rutas y calles de la provincia en materia vial y que, en el plano ambiental, la democratización de la fiscalización garantiza una respuesta estatal oportuna frente a situaciones que afectan al medio ambiente.
Por el contrario, desde la bancada del Partido Justicialista pusieron el foco en el carácter recaudatorio de la medida y en la sobrecarga de trabajo del personal de los respectivos ministerios que tendrá que estar dedicado a verificar la autenticidad de las imágenes. A su vez, en el caso de las infracciones viales, afirmaron que la reducción de accidentes debería abordarse a través de políticas de educación y concientización, y no con este tipo de involucramiento ciudadano.
Tras la aprobación en la Legislatura de la iniciativa impulsada por el oficialismo para incorporar el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial, el Gobierno dispuso cómo funcionará el sistema para que los ciudadanos envíen fotos y videos de presuntas infracciones de tránsito. Será a través de un número de WhatsApp(2615559592) hasta tanto se ponga en funcionamiento una aplicación vinculada al sitio Mendoza x Mí.
El contenido enviado tendrá carácter de “comunicación ciudadana”, es decir que no será considerado una denuncia formal ni tendrá validez ni sanciones automáticas, sino que el Estado deberá analizar si existen elementos suficientes para avanzar en un informe preliminar y remitir el caso al Juzgado Vial competente, donde se verificará la autenticidad y veracidad del material.
A través de este Modo Testigo, las personas podrán remitir material audiovisual vinculado a conductas de riesgo vial observadas en la vía pública, entre ellas:
Las imágenes serán publicadas oficialmente "exclusivamente" con fines educativos, de concientización vial y disuasivos, por un plazo máximo de 90 días corridos, indicó el Gobierno, que también aseguró que resguardará la privacidad de los datos personales de los involucrados.
El oficialismo también busca que el ciudadano sea un "actor activo" de la protección del ambiente y "cogestor del equilibrio ecológico". En la Legislatura comenzó a tratarse un proyecto presentado por senadores radicales para crear un sistema digital que permita a los vecinos denunciar presuntas infracciones ambientales con el aporte de imágenes tomadas en tiempo real, ante las "limitaciones técnicas y jurídicas" de las vías vigentes de denuncias (Sistema de Tickets y WhatsApp).
La iniciativa que está en debate en comisiones del Senado apunta a establecer un marco jurídico para el reconocimiento, preservación y tratamiento administrativo de los registros audiovisuales que la ciudadanía capte en tiempo real con georreferenciación obligatoria y suba a una plataforma oficial para que, si corresponde, sean aplicadas sanciones a los infractores.
Los impulsores del proyecto (Yamel Ases, Beatriz Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte y Néstor Majul) plantearon que si bien el Estado provincial ejerce "de manera ininterrumpida" las facultades de policía e inspección, es necesario implementar un procedimiento unificado ante la "complejidad del territorio" y la "inmediatez que exigen las afectaciones ambientales".
Según afirmaron, una de las dificultades actuales es que el material probatorio suele ser captado de forma previa, lo que complejiza la trazabilidad y autenticidad para resguardar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Otra es que la constatación presencial del hecho por parte de la Provincia se realiza cuando las pruebas han desaparecido con el paso del tiempo. Con la creación de esta plataforma se optimizarán los recursos de fiscalización y se reducirán los tiempos de respuesta estatal, aseguraron.
El proyecto establece que la persona que efectúe la denuncia deberá acreditar su identidad mediante un sistema de validación y las fotografías o videos de respaldo tendrán que ser captados exclusivamente a través de la plataforma oficial. A su vez, el denunciante deberá identificar y clasificar la presunta infracción dentro de las categorías previstas en el sistema, de acuerdo con la normativa ambiental vigente.
La iniciativa contempla mecanismos para evitar el uso indebido de la herramienta. Dispone que toda comunicación basada en material adulterado o falso será rechazada de manera inmediata. No obstante, se podrán remitir las actuaciones al organismo correspondiente para que evalúe la situación y determine si corresponde alguna intervención adicional.
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