El Gobierno de Mendoza tomó distancia del proyecto de ley que busca restringir el uso de celulares en las escuelas y defendió un enfoque basado en el uso pedagógico de la tecnología, en lugar de una prohibición generalizada.
19 de junio de 2026
La DGE tomó distancia de las propuestas para restringir el uso de celulares en las escuelas y defendió un enfoque basado en el uso pedagógico de la tecnología.
Por qué el Gobierno de Mendoza se opone a prohibir los celulares en las aulas.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno de Mendoza tomó distancia del proyecto de ley que busca restringir el uso de celulares en las escuelas y defendió un enfoque basado en el uso pedagógico de la tecnología, en lugar de una prohibición generalizada.
El ministro de Educación y titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, recordó que la provincia ya tuvo una experiencia similar en el pasado que no dio resultados. “En 2008 se aplicó una ley de prohibir los dispositivos en las escuelas y no funcionó”, aseguró.
En base a ese antecedente, el funcionario planteó que el eje actual no está puesto en restringir, sino en definir para qué se utilizan los dispositivos dentro del aula. En ese sentido, remarcó que actualmente se permite el uso pedagógico de los celulares, principalmente porque la infraestructura tecnológica escolar aún no está completamente desarrollada. Más bien, aún resta bastante para llegar a ese ideal.
Según información oficial, solo el 30% de las escuelas de Mendoza cuenta con equipamiento completo, que incluye conectividad, aulas digitales móviles y dispositivos para docentes y estudiantes. Mientras se avanza hacia una cobertura mayor, las autoridades educativas entienden que los celulares cumplen un rol complementario en las clases.
“Cuando no hay dispositivos disponibles, se hace uso pedagógico del celular”, explicó García Zalazar. Bajo esa lógica, consideró que una prohibición generaría contradicciones. “Dar un mensaje ambiguo de prohibir para una cosa, pero permitirlo para otra, no es adecuado”, analizó.
El Gobierno provincial apuesta a resolver esa dependencia a través del plan de inversión lanzado el año pasado, que busca alcanzar al 100% de las escuelas con tecnología educativa.
El financiamiento proviene del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y ya cuenta con aprobación legislativa. El objetivo es iniciar el ciclo lectivo 2027 con todas las escuelas equipadas, o al menos alcanzar entre el 80% y el 100% en el primer semestre de ese año.
Mientras tanto, la estrategia oficialista es sostener el uso regulado de los móviles dentro del aula, en función de objetivos pedagógicos.
Otro de los planteos del Gobierno es que la regulación no debe ser uniforme ni exclusivamente normativa. En la actualidad, cada institución define en sus acuerdos de convivencia cómo se administra el uso de los celulares cuando no cumplen una función educativa: si deben guardarse, restringirse o mantenerse fuera de uso durante la jornada.
“Las escuelas lo han resuelto de manera distinta”, señaló García Zalazar, quien también destacó iniciativas de familias vinculadas al control parental y a la postergación del acceso a dispositivos.
Más allá del ámbito escolar, el exintendente de Godoy Cruz apuntó al rol de los adultos en el uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes. “Estamos en contra de que los chicos tengan celular antes de los 13 años y acceso a redes sociales antes de los 16”, afirmó.
Para el ministro, esas decisiones deben tomarse principalmente en el seno familiar, ya que son los padres quienes proveen los dispositivos y tienen la responsabilidad de supervisar su uso.
El posicionamiento del Gobierno contrasta con la iniciativa presentada por la diputada provincial Griselda Petri (UCR), que propone establecer restricciones más estrictas en el uso de celulares en escuelas públicas y privadas.
El proyecto plantea una prohibición casi total en los niveles inicial y primario durante toda la jornada escolar, salvo algunas excepciones puntuales, y una restricción en secundaria durante el horario de clases, a excepción de actividades pedagógicas.
En sus fundamentos, la iniciativa de la legisladora advierte sobre el impacto negativo de la hiperconectividad en niños y adolescentes, la dificultad para autorregular el uso de dispositivos y el aumento de problemáticas como el ciberacoso y las amenazas escolares.
Además, recuerda que en Mendoza más de 230 escuelas estuvieron bajo protocolo por amenazas desde abril de 2026, en muchos casos vinculadas a redes sociales y mensajería digital.
El expediente propone que el uso de dispositivos en el aula esté estrictamente planificado, supervisado y comunicado a las familias, y establece la obligatoriedad de que cada institución regule la convivencia en torno a la tecnología.
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