El oficialismo busca evitar una fuga de voluntades antes de las elecciones 2023 y, para eso, movió fichas esta semana.
El oficialismo comenzó a mover fichas para 2023.
Foto: Yemel Fil
Esta semana, el oficialismo mendocino avanzó con dos medidas de “contención” hacia el empresariado, con el objetivo de mantener la sintonía con la que trabaja desde hace un tiempo con el sector y para evitar mayores conflictos en la previa del año electoral.
Uno de los movimientos tuvo que ver, justamente, con el armado para el 2023. Con un anunciado acto, se incluyó al espacio “Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza” en el esquema de Cambia Mendoza.
De esta manera, dirigentes que amagaron con irse de la coalición seguirán adentro y habrá que esperar hasta abril (fecha límite para el cierre de listas) si participarán de una PASO.
Además de un evento en Maipú, referentes de la agrupación (que obtuvieron el apoyo de figuras como Miguel Ángel Pichetto y Rogelio Frigerio) participaron de un almuerzo en la residencia oficial del Gobernador. Los principales referentes son Julio Totero, Alberto Flamarique y Adolfo Innocente, titular del Partido Federal. Del cónclave participó la plana mayor del radicalismo local, pero no estuvo el diputado nacional Julio Cobos.
A la vez, comenzó a moverse en la Legislatura la iniciativa para ratificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de cobre Cerro Amarillo. La propuesta ya empezó a analizarse en comisiones del Senado, aunque por el momento el oficialismo irá a paso lento con el expediente.
El desarchivo del proyecto (que quedó frenado en 2014 en comisiones) apareció como un gesto hacia el sector que pide por la minería en la provincia y, particularmente, por el de Malargüe. Semanas atrás, un intento del departamento por reformar la ley 7722 llegó a la Legislatura pero quedó en la nada, ya que nunca contó con la venia del Ejecutivo.
Ahora, el oficialismo intentará impulsar Cerro Amarillo pero con el mayor consenso político posible, para evitar lo ocurrido en 2019. Esta vez, se busca no tocar la normativa y encuadrar la DIA del proyecto dentro de la ley, por lo que solo faltaría el aval legislativo para que inversores empiecen con el proceso de exploración.
