El Gobierno de Mendoza rechazó un recurso presentado por el Partido Verde contra el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad.
Los argumentos del Gobierno de Mendoza para ratificar el convenio con Vialidad Nacional.
Foto: Prensa Dirección Nacional de VialidadEl Gobierno de Mendoza rechazó un recurso de revocatoria interpuesto contra el decreto por el cual se aprobó el convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que tiene por objeto intervenir tramos de diversas rutas nacionales. La acción contra el acuerdo firmado por Alfredo Cornejo había sido realizada por referentes del Partido Verde.
El decreto 1591, publicada este lunes en el Boletín Oficial, señala que los recurrentes presentaron su impugnación por la vía del recurso de revocatoria, "corresponde reconducir su actuación hacia la denuncia administrativa simple", al carecer de "legitimación activa para plantear el recurso".
El pedido del candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, y los legisladores provinciales Emanuel Fugazzotto y Eduardo Chappel, apuntaba contra el decreto 1165, mediante el que se formalizó el acuerdo entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Provincia para la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales7, 40 y 143.
"Los recurrentes carecen de legitimación activa para interponer un recurso de revocatoria, al no acreditar un daño o menoscabo actual o potencial sobre intereses jurídicamente protegidos", dice el texto firmado por Cornejo.
Según la jurisprudencia, "sólo aquellos que demuestran un perjuicio real o certidumbre de su ocurrencia están habilitados a participar como partes en el procedimiento. Los demás sujetos, con interés simple en la buena marcha de la administración, sólo pueden formular denuncias y no recursos impugnatorios", señaló el Gobierno.
De este modo, "la presentación del recurrente debe considerarse denuncia simple y, por consiguiente, no abre la vía para la interposición de recurso administrativo".
A su vez, se indica que el decreto 1165/25 fue ratificado legislativamente mediante la Ley Nº 9640, sancionada por ambas cámaras y promulgada a través del Decreto Nº 1363/25. El Ejecutivo justificó la firma del convenio en la "urgencia de intervenir en tramos críticos, la falta de respuesta del Estado Nacional y la necesidad de resguardar la seguridad vial y el interés público”.
"Se trata de una autorización operativa, de naturaleza puntual y temporal (36 meses), sujeta a la normativa técnica de la DNV y a su control constante. Por ello, no existe transferencia permanente de competencias ni reasignación estructural de recursos", detalla el decreto.
Asimismo, se destacó que "la modalidad convenida se ajusta al modelo de federalismo de cooperación y concertación, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en múltiples pronunciamientos, lo cual permite a la Nación y a las Provincias coordinar esfuerzos sin menoscabo de la autonomía ni de la competencia de cada nivel".
El convenio implica la cesión a la Provincia de la responsabilidad sobre distintos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 durante 36 meses. De esta manera, será Mendoza la encargada de realizar los trabajos, ya sea por administración directa o mediante sistemas de contratación acordes a la legislación local, sin que ello genere compromisos de reembolso por parte del organismo nacional.
Las tareas contemplan desde la ejecución de obras hasta el mantenimiento integral de esos corredores viales. Además, el convenio contempla la posibilidad de que Mendoza gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de un sistema de concesión por peaje para los tramos involucrados, una vez terminadas las obras. Se prevé también que la Provincia realice los estudios de impacto ambiental correspondientes.
La vigencia del acuerdo es de 36 meses, con posibilidad de ser prorrogado "en función de la complejidad y alcance de las obras proyectadas".
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