El Gobierno de Javier Milei apunta a que el Congreso de la Nación vote los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Foto: Prensa Senado de la NaciónEl Congreso Nacional enfrentará una semana clave, la más trascendental del último tiempo, cuando la nueva conformación decida si el Decreto de Necesidad y Urgencia elevado por el presidente Javier Milei podrá avanzar o no. Dos mendocinas figuran entre los nombres para conformar una comisión clave, que será el primer filtro que deba pasar el proyecto del Poder Ejecutivo.
La presidenta del Senado (la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel) y el presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) definirán esta semana la conformación de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el DNU de desregulación económica dictado por el Gobierno Nacional, que tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar esa norma al Parlamento. Y los nombres de dos mendocinas suenan para integrarla.
Villarruel y Menem avanzaron en los últimos días con acuerdos con bloques opositores para la integración de la comisión bicameral, que este año le tocará presidir a un senado, y buscan asegurarse la mayoría y la conducción a La Libertad Avanza.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
La intención del oficialismo es poder tener armada la comisión esta misma semana, teniendo en cuenta que el 5 de enero es la fecha tope para que el Gobierno envíe el DNU. "Nuestra representación parlamentaria es minoritaria, pero se construye mayorías a través de consensos y acuerdos para que nos permita llevar adelante el objetivo", concluyó el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Al respecto, suenan los nombres de la senadora Anabel Fernández Sagasti, referente de Unión por la Patria, quien ha sido muy crítica del DNU y ya expresó su rechazo al mismo. "Las consecuencias de estas medidas no solo dañarán a la división de poderes del Estado, sino también destruirán el aparato productivo de nuestro país en general y de Mendoza en particular, al perjudicar seriamente a nuestras Pymes y a los trabajadores que de ellas dependen", advirtió la mendocina.
La otra legisladora mendocina es Mercedes Llano, la diputada nacional sería propuesta por el oficialismo. La demócrata es una defensora de esta medida y respaldó a Milei: "Acaba de marcar el rumbo de nuestro país, donde la Libertad es el faro. Se terminan años de dependencia y avasallamiento del estado", dijo y agregó: "Este es un gobierno que hizo campaña diciendo la verdad y hoy gobierna cumpliendo con su programa. Los cambios generan temores, y más cuando son profundos y radicales, pero es momento de mantener firme la Esperanza. Una Argentina distinta empieza a florecer".
Según la Ley 26.122 de 2006, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, tiene 10 días hábiles desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial para su comunicación al Congreso. Para el caso del DNU 70/2023, este plazo vencería el 8 de enero.
Luego, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene, a su vez, 10 días hábiles desde el ingreso del decreto al Parlamento para someter el texto a tratamiento y debate de los legisladores. Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, sostiene la ley.
Esta comisión tiene facultades para analizar si el Ejecutivo cumplió con los requisitos de forma -como los plazos y que no se traten materias prohibidas por la Constitución nacional- y si está justificada la “necesidad” y la “urgencia”, pero no sobre la cuestión de fondo: la conveniencia de la norma.
Cabe aclarar que un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción ficta" o tácita.
Uno de los temas que genera dificultades para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el DNU que es el decreto no se puede aprobar parcialmente ya que lo impide la Ley 26122 sancionada a propuesta de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese sentido, se establece que "no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes".
Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto para poder modificar esa ley a fin de poder avalar algunos puntos de un decreto y otros no.
En cambio, el bloque de UxP, liderado por Germán Martínez, está armando su estrategia para lograr que se rechace el DNU y para ello mantuvo el jueves reuniones con la CGT que realizará el miércoles una marcha a Tribunales para acompañar la presentación judicial pidiendo la inconstitucionalidad de ese decreto, junto con las CTA Autónoma y de los Trabajadores, y también buscará acordar acciones junto con los gobernadores de esa fuerza política.
El presidente Javier Milei anunció el miércoles pasado el DNU que deroga una treintena de leyes como la Ley de Alquileres, de Góndolas y de Abastecimiento, establece reformas en la legislación laboral y en la desregulación de las obras sociales y prepagas, así como el sistema de tarjetas créditos, y convierte las empresas públicas en sociedades anónimas para su futura privatización.