La decisión deAxel Kicillof de suspender el plan alimentario MESA en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de tensión política. La medida, que impacta en millones de familias, se inscribe en un contexto de ajuste fiscal y reaviva el debate interno dentro del peronismo sobre las prioridades en materia social.
Más de dos millones de familias sin el plan MESA: la compleja decisión de Kicillof
La suspensión del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) se estableció por un plazo inicial de 90 días y afecta a más de 2,1 millones de familias con hijos en escuelas públicas. Desde mayo, el programa dejó de distribuir las cajas con alimentos básicos que funcionaban como complemento clave en hogares vulnerables.
Según la administración bonaerense, la medida responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas. El programa implicaba un gasto mensual estimado entre 28.000 y 30.000 millones de pesos, en un escenario en el que los ingresos no logran sostener el ritmo del gasto. A este cuadro se suma la interrupción del financiamiento nacional tras la llegada de Javier Milei, que aportaba cerca del 40% del presupuesto del plan. Ese faltante, equivalente a unos 12.000 millones de pesos mensuales, pasó a ser absorbido exclusivamente por la Provincia.
Desde el gobierno de Kicillof sostienen que la suspensión es transitoria y que forma parte de un reordenamiento necesario para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese marco, insisten en que la decisión busca preservar el equilibrio fiscal sin desatender otras áreas sensibles de la gestión.
Sin embargo, la medida generó un fuerte malestar dentro del peronismo bonaerense. Dirigentes como Mario Ishii cuestionaron el recorte y lo definieron como un “ajuste con la comida de los pobres ”. También surgieron críticas desde sectores cercanos a Máximo Kirchner, lo que evidencia las tensiones internas en el espacio.
A su vez, intendentes del conurbano expresaron preocupación por el impacto social de la medida y los numerosos reclamos vecinales. Algunos jefes comunales apuntaron además al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, al que responsabilizan por la reducción de fondos nacionales que sostenían el programa.